En los próximos días, el diputado federal del Partido Verde Ecologista de México, Alejandro Pérez Cuéllar, solicitaría licencia para concentrarse en la estrategia política de su hermano, Cruz Pérez Cuéllar, quien busca posicionarse como coordinador estatal de la Cuarta Transformación y perfilarse como eventual candidato de Morena a la gubernatura de Chihuahua. La apuesta sería fortalecer la organización territorial y darle estructura a esta nueva etapa del proyecto político rumbo a 2027.

Desde esa perspectiva, se sostiene que la participación de Alejandro no encuadraría en un caso de nepotismo, bajo el argumento de que nunca trabajó en la nómina municipal ni ocupó puestos dentro de la administración que su hermano encabezó en Ciudad Juárez. Sin embargo, su eventual salida del Congreso también le permitiría construir una plataforma política propia y ampliar sus posibilidades de ocupar otros espacios públicos en el futuro, sin que necesariamente eso signifique incorporarse a un eventual gabinete estatal.

La trama política también alcanza a los relevos legislativos y las conexiones partidistas. Carlos Joaquín Ruiz Olloqui Borunda, suplente de Alejandro, es sobrino de Octavio Borunda Quevedo, dirigente estatal del Partido Verde en Chihuahua; este último, a su vez, es tío del diputado federal Javier Octavio Herrera Borunda, hijo del exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán. Así, los movimientos alrededor de una posible licencia no solo tienen implicaciones para el proyecto de los Pérez Cuéllar, sino que también ponen sobre la mesa las relaciones familiares que coinciden en distintas posiciones de la política nacional.

La preocupación volvió a instalarse entre los vecinos de la colonia San Rafael, en la ciudad de Chihuahua, luego de que ocho perros de raza pitbull atacaran y mataran a una perrita en el cruce de la calle 21 y privada de Ponce de León. De acuerdo con los habitantes, los animales salieron de una vivienda marcada con el número 4411 y agredieron a la mascota cuando se encontraba en la vía pública. Lo ocurrido encendió las alertas entre quienes viven en el sector, especialmente porque aseguran que no sería la primera vez que los perros salen del domicilio y protagonizan ataques contra otros animales.

Más allá de la tragedia, el caso pone sobre la mesa una pregunta que las autoridades municipales no deberían dejar pasar: ¿dónde está el Departamento de Cuidado Animal del Municipio de Chihuahua? Los residentes reclaman la intervención de las áreas responsables de proteger a los animales y prevenir situaciones de riesgo, mientras la dependencia municipal parece ausente frente a un problema que, según los testimonios, ya tendría antecedentes. La preocupación aumenta ante los comentarios que los vecinos atribuyen a la propietaria de los perros, identificada como Paulina, quien presuntamente habría señalado que sus animales “están entrenados para matar”; una afirmación que deberá esclarecerse y que, de confirmarse, ameritaría especial atención.

Los habitantes piden que Protección Animal y Seguridad Pública intervengan, revisen las condiciones en que se mantienen los ocho pitbulls y determinen si representan un peligro para otras mascotas o para las personas. También exigen que se deslinden responsabilidades por la muerte de la perrita y se adopten medidas para evitar otro ataque. La discusión no se limita a la conducta de los animales o a la responsabilidad de su propietaria: también alcanza a las autoridades municipales, cuya función preventiva debe hacerse visible cuando existen denuncias reiteradas. Si los vecinos aseguran que el problema viene de tiempo atrás, la pregunta es inevitable: ¿tendrá que ocurrir una tragedia que involucre a una persona para que el Departamento de Cuidado Animal deje de parecer ajeno a esta situación?

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¡Válgame el cielo! Resulta que ahora a Morena ya no solamente le incomodan las críticas, sino que también le molestan las expresiones de hartazgo. Durante la sesión de Cabildo de ayer, el debate entre regidores de Morena y del PAN por los recursos para arrancar la primera etapa de la Poniente 5 se convirtió en otro de esos episodios donde todos quieren su minuto de gloria, aunque el asunto ya esté más que discutido y el resultado termine siendo el mismo: se aprobó.

Entre intervenciones repetitivas, argumentos que daban vueltas y vueltas, y ganas de dejar constancia de quién habló más, llegó el turno de la regidora María Elena Rojo Almaraz. Y cuando tomó el micrófono por segunda ocasión, se escuchó un discreto, pero muy sincronizado, suspiro de hartazgo de al menos ocho periodistas. ¡Ocho! No fue una rechifla ni una rebelión de la prensa, sino una expresión espontánea que, al parecer, no cayó nada bien a la morenista.

Tan mal le sentó que, según lo ocurrido entre los presentes, mandó a uno de sus asesores a Comunicación Social para pedir que los reporteros guardaran silencio. ¡Ave María Purísima! ¿Pues qué pasó, regidora? ¿Ahora resulta que también hay que pedir permiso para expresar con un suspiro lo que muchos ciudadanos piensan cuando una discusión pública se convierte en una competencia de resistencia auditiva?

Con todo respeto para la experiencia política de doña Elena, quien lleva años en la izquierda y en el activismo, la libertad de expresión también incluye la posibilidad de que una intervención no despierte precisamente aplausos. Sus participaciones suelen extenderse, tienen pausas prolongadas y, por momentos, la idea central parece tomar un descanso más largo que los asistentes. Y si eso provoca impaciencia, quizá valdría la pena revisar el formato de las intervenciones antes de buscar silenciar a quienes las escuchan.

Eso sí, el respeto debe ser para todos, pero en ambas direcciones. Comunicación Social no está para convertirse en policía del silencio ni para atender susceptibilidades de los funcionarios, sino para facilitar información y condiciones de trabajo a los medios. Los reporteros no están ahí para aplaudir, asentir ni servir de público cautivo; están para cubrir lo que ocurre y, como cualquier persona, también pueden reaccionar. Porque, al final, los servidores públicos trabajan para la ciudadanía, no al revés.

Y aquí va una pequeña lección para Elenita, con todo respeto, no vaya a ser que se enoje otra vez: si un suspiro de ocho periodistas le parece intolerable, imagínese lo que puede provocar una ciudad entera cuando siente que no la escuchan. Gobernar y representar implica tolerar preguntas, críticas y hasta gestos de impaciencia. Porque una cosa es exigir respeto y otra muy distinta pretender que todo el mundo permanezca calladito mientras una se avienta el discurso. ¡Faltaba más! ¿O acaso la transformación también incluye aplausos obligatorios y silencio por decreto?

Si algo no faltó en el segundo informe de los regidores del PAN fue el bombo, el platillo y las porras. Lo que sí pareció andar escaso fue el público conectado, pues la transmisión en vivo apenas alcanzó ocho vistas. ¡Ocho! Ni para llenar una mesa del café, pero eso sí, el entusiasmo estaba a todo lo que daba. Será que en las redes no se escuchan las porras o que el aplausómetro todavía no aprende a contar reproducciones.

Quienes llegaron dispuestos a ponerle sabor al asunto fueron Félix Martínez e Isaac Díaz, que sacaron el barrio y las colonias a relucir. Y no es de ahora: desde hace años ambos han recorrido sectores de la ciudad, así que el territorio no les resulta desconocido. En el mundillo político ya se les relaciona con las diputaciones locales de los distritos 17 y 16, respectivamente. Vamos, que el informe también sirvió para recordar que hay regidores que no pierden oportunidad de mantener vigente su nombre, aunque el calendario electoral todavía tenga sus propios tiempos.

Eso sí, entre tanta porra y tanto aplauso, queda la pregunta incómoda: ¿cuánto de ese activismo se ha traducido en resultados legislativos y cuánto se ha ido en la promoción del aspirante a la Alcaldía al que ambos han respaldado? Porque una cosa es recorrer colonias para escuchar a los vecinos y otra muy distinta convertir cada aparición pública en una estación más del tour político. Mucho movimiento, mucha fotografía y mucha palmada en la espalda, pero a la hora de revisar los resultados, ahí es donde se separa el ruido de las nueces.

Y si las porras parecían muy entusiastas, más de uno podría preguntarse si llegaron por convicción, por compromiso o porque alguien les hizo una invitación especialmente convincente. No hay manera de afirmar que fueran pagadas sin pruebas, pero el espectáculo dejó material suficiente para la sospecha humorística: cuando el aplauso suena más fuerte que la transmisión, algo está pasando con las prioridades de la promoción política.

Por fortuna, no todo fue competencia de decibeles. Algunas regidoras optaron por la mesura, presentaron su trabajo sin convertir el informe en mitin y conservaron una credibilidad que no necesita porra de acompañamiento. Porque al final, un informe debería servir para rendir cuentas, no para medir quién lleva más gente, quién consigue más aplausos o quién aprovecha mejor el micrófono. Aunque, con ocho vistas en la transmisión, quizá la verdadera pregunta sea otra: ¿a quién le estaban rindiendo cuentas, a la ciudadanía o a los que ya andan haciendo fila para la próxima candidatura?

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¡Que alguien le alcance los pañuelos a Juan Carlos Loera! El senador volvió a ponerse en modo Magdalena por la designación de Cruz Pérez Cuéllar rumbo a la gubernatura. Que si hubo favoritismo, que si no fue justo… ¡Híjole, señor! ¿Pues qué esperaba, que le apartaran la candidatura por antigüedad? En política no basta con levantar la mano y sentirse merecedor; también hay que convencer de que se puede ganar.

Ahora resulta que el dedazo ajeno duele más que la derrota propia. Loera ya probó las mieles de perder una elección estatal y ahora ni siquiera tendrá que hacer campaña para descubrir que esta vez no le tocó. Para Chihuahua no, para Juárez tampoco y para la gubernatura, menos. ¡Vaya colección de puertas cerradas!

Eso sí, tampoco es para agarrar tanta tristeza: todavía le quedan tres años en el Senado, con su respectivo sueldazo y prestaciones. ¡Quién pudiera llorar así! Porque una cosa es quedarse fuera de la boleta y otra muy distinta quedarse sin quincena. Así que, don Juan Carlos, guarde los pañuelos: llorando no va a cambiar la decisión y, con semejante sueldo, al menos las penas se pasan con presupuesto público.