Este 15 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, se llevará a cabo un paro de camiones de carga en las carreteras federales de México, organizado por la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC). La protesta surge como respuesta a la falta de atención por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal ante las preocupaciones expresadas por el sector del transporte en el país. Aunque no se han detallado los lugares exactos de los 32 estados donde se realizará el paro, se prevé que las principales vías de acceso a la Ciudad de México serán afectadas.
En el contexto local, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha manifestado estar en contacto con asociaciones de transportistas y ha solicitado paciencia mientras se abordan las preocupaciones del sector. En un llamado al diálogo y a la colaboración entre las partes involucradas, la gobernadora hizo hincapié en la importancia de mantener la libertad de tránsito y evitar la toma de casetas, argumentando que estas acciones podrían impactar negativamente en la economía local al restringir la circulación de personas y bienes en la entidad.
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En el sur de la capital, el incremento del campamento de migrantes en el bulevar Juan Pablo II ha generado inquietud entre los residentes. Lo que comenzó como la ocupación de un terreno ha evolucionado hasta abarcar parte del estacionamiento y la acera opuesta. Los ciudadanos expresan su preocupación por el impacto en la seguridad y el orden público en la zona, mientras observan con frustración la falta de acciones efectivas por parte de las autoridades estatales.
Las autoridades estatales han instado repetidamente a la Federación a abordar la situación del flujo migratorio, que, a pesar de las afirmaciones de una disminución, sigue aumentando en la entidad. Aunque se han desplegado operativos conjuntos para contener a los migrantes y evitar su abordaje en los vagones del tren de Ferromex, la efectividad ha sido limitada. Este escenario ha puesto de manifiesto una tensión entre el gobierno estatal y federal, mientras la comunidad espera soluciones concretas ante esta compleja problemática, señalando la necesidad de una acción coordinada y eficaz.
La reciente ola de renuncias en el Ayuntamiento de la capital ha generado un enigma político intrigante. Aunque el alcalde Marco Bonilla desestimó inicialmente las especulaciones sobre las dimisiones relacionadas con su equipo de campaña para la reelección, las licencias presentadas el lunes revelaron una discrepancia en la comunicación interna del municipio. El caso se complica aún más con la confirmación de renuncias como la del coordinador de Relaciones Públicas, Orlando Villalobos, y la Titular del Órgano Interno de Control, Mariana La Chica, seguidas por la salida del regidor panista Ernesto Ibarra, confirmada por el propio alcalde Bonilla. A medida que más funcionarios abandonan sus cargos, persisten las incógnitas sobre quiénes serán los siguientes en hacerlo, mientras se cuestiona la transparencia y la gestión interna del Ayuntamiento en esta coyuntura crucial.
Después de un prolongado proceso interno, la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Mario Delgado, finalmente reveló la lista de candidatos a diputados federales, incluyendo los nueve correspondientes al estado de Chihuahua. En una madrugada de suspenso, se confirmaron nombres esperados como el del exalcalde priista Marco Quezada para el Distrito 8 en Chihuahua capital y Adriana Beltrán para el Distrito 6. Mientras tanto, en Ciudad Juárez, se anunció la reelección de Daniel Murguía, Mayte Vargas y Lilia Aguilar para los Distritos 1, 2 y 3, respectivamente, seguidos por la sorpresiva candidatura de Alejandro Pérez Cuéllar, hermano del actual alcalde, para el Distrito 4. Con algunas sorpresas y otras confirmaciones previsibles, la atención ahora se centra en las próximas horas, cuando se espera la publicación de la lista de candidatos a diputaciones locales y alcaldías, donde aún quedan por definir 33 de los 67 puestos en Chihuahua. Este proceso podría desencadenar tensiones con las bases, evidenciando la dinámica política interna donde los intereses predominantes a menudo eclipsan las demandas de las bases populares.
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