Interesante lo que comienza a observarse dentro de Morena en Chihuahua, donde los destinos políticos parecen estar cambiando de ruta. En la última sesión del Comité, celebrada en la capital, llamó la atención que la porra de Cruz Pérez Cuéllar terminó opacando a la de Andrea Chávez, mientras el juarense mantiene una operación política cada vez más visible. Y es que mientras se intenta posicionar a la senadora como una de las cartas fuertes para Chihuahua, su ausencia en la sesión capitalina no pasó desapercibida. Más allá de eso, lo que empieza a generar comentarios es la menor actividad política que se le ha visto recientemente, especialmente después de que durante meses fue señalada como una de las aspirantes con mayores posibilidades para buscar la gubernatura.

En Morena ya circula otra versión: Andrea Chávez estaría redirigiendo sus esfuerzos hacia Ciudad Juárez, con la mira puesta en la alcaldía y dejando, al menos por ahora, en segundo plano la contienda por la gubernatura. La versión cobra fuerza entre quienes siguen de cerca los movimientos internos del partido, donde aseguran que también habría un cambio en la estrategia de financiamiento y operación política, con menores inversiones y una apuesta por una campaña más focalizada en la frontera. De confirmarse, no sería un simple cambio de escenario, sino un replanteamiento completo de la ruta política: de buscar conducir los destinos de todo Chihuahua a intentar encabezar nuevamente el gobierno de la ciudad fronteriza. Mientras tanto, la política morenista sigue acomodando sus piezas y Cruz Pérez Cuéllar parece aprovechar el espacio que otros están dejando libre.

En la actividad de ayer donde elementos de las policías municipales de Chihuahua y Aquiles Serdán terminan a golpes tras una persecución de sujetos armados, debería encender algo más que las redes sociales: las alarmas de las autoridades. No estamos frente a una simple pelea entre corporaciones. De acuerdo con los primeros reportes, agentes de Inteligencia de la Policía Municipal de Chihuahua fueron atacados a balazos en el entronque del periférico Lombardo Toledano hacia el Cereso Estatal y, durante la persecución, una patrulla de Aquiles Serdán presuntamente se atravesó, permitiendo que los sospechosos escaparan. Si se confirma esta versión, la pregunta es inevitable: ¿por qué una corporación policial habría interferido en una persecución de hombres armados?

Y aquí es donde el asunto deja de ser un pleito entre uniformados y se convierte en un problema mucho más serio. La conducta exhibida en el video y las circunstancias que rodearon la persecución alimentan sospechas de una posible colusión entre algunos elementos de la Policía Municipal de Aquiles Serdán y grupos delincuenciales, algo que no puede darse por hecho sin una investigación formal, pero que tampoco puede ser ignorado por las autoridades. Lo ocurrido merece una revisión profunda, desde los mandos hasta los elementos que participaron, porque si una corporación termina obstaculizando la acción de otra mientras persigue a sujetos armados, el problema ya no es de egos policiales: es de seguridad pública y de confianza institucional.

Y resulta todavía más delicado cuando se habla de construir una Policía Metropolitana, porque Aquiles Serdán depende en buena medida de la coordinación y apoyo operativo de la Policía Municipal de Chihuahua. Una confrontación como ésta puede deteriorar una relación que será indispensable para enfrentar la delincuencia de manera conjunta en la zona metropolitana. Si realmente se quiere avanzar hacia una coordinación policial efectiva, primero tendrán que aclararse estos hechos, deslindarse responsabilidades y garantizar que ningún uniforme esté por encima de la ley. La delincuencia no necesita que las policías se enfrenten entre sí; le basta con que quienes deben combatirla dejen de confiar unos en otros.

La pregunta a Roberto Fuentes, secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, fue muy concreta: si el Municipio tiene los recursos disponibles para comenzar la construcción del nuevo relleno sanitario en caso de que se libere el proyecto. Y la respuesta, aunque técnicamente dijo que sí existen recursos disponibles, dejó más preguntas que certezas. Fuentes explicó que, desde que se suspendió el juicio de amparo, se dispuso de recursos suficientes para garantizar primero la recolección de residuos y, en una segunda instancia, la ampliación del actual relleno sanitario, además de señalar que el Municipio contempla un esquema integral que incluiría un nuevo relleno, una planta de tratamiento y una planta de economía circular. Sin embargo, no dejó claro cuánto dinero está disponible específicamente para arrancar la construcción del nuevo relleno ni de qué partida saldría.

Y ahí es donde la declaración merece una segunda lectura. Mientras el secretario hablaba, el movimiento nervioso de las hojas que llevaba con sus apuntes llamó la atención, aunque por supuesto el lenguaje corporal por sí solo no puede demostrar que no existan recursos. Lo que sí deja es una pregunta perfectamente válida: ¿ya están los más de 100 millones de pesos necesarios para iniciar o apenas se está contemplando cómo conseguirlos? Porque una cosa es tener recursos para mantener la recolección de basura y ampliar temporalmente el relleno actual, y otra muy distinta es contar con la suficiencia presupuestal para comenzar una obra de esta magnitud. Y si el dinero no está disponible, la posibilidad de recurrir nuevamente a financiamiento abre la puerta a otra deuda para el Municipio de Chihuahua.

La duda cobra mayor relevancia cuando se habla de un Ayuntamiento que presume altos niveles de transparencia, pero que al mismo tiempo ha reservado información relacionada con proyectos millonarios, como ocurrió con Poniente 5, donde durante seis meses quedaron bajo reserva documentos financieros, ambientales y contractuales. Por eso habrá que esperar a que el Municipio explique con números, no solamente con declaraciones, cuánto tiene disponible, cuánto costará la primera etapa y de dónde saldrá cada peso. Porque Fuentes también dejó abierta la posibilidad de que la obra sea iniciada por esta administración o por la siguiente, y ahí está precisamente el detalle político: si el proyecto se hereda, también podría heredarse la cuenta. La transparencia, en este caso, no debería estar en el discurso, sino en los números.

Ayer, el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, entregó una de esas frases que en política valen más por lo que callan que por lo que dicen. Afirmó que respaldará al candidato del PAN a la gubernatura que represente “la mejor opción para Chihuahua”. No habló de su propio proyecto, no insistió en medir resultados frente a nadie y no se colocó como contendiente activo. Solo ofreció lealtad al perfil que resulte más competitivo.

La declaración llega en un momento preciso. La gobernadora Maru Campos confirmó el mismo día que Loya permanecerá al frente de la SSPE hasta el último día de la administración. Es decir: se queda en el cargo, no pedirá licencia anticipada y se concentra en la continuidad operativa. En el lenguaje de la sucesión, eso se traduce en un mensaje claro: el secretario de Seguridad no se moverá para competir de frente.

Mientras tanto, las encuestas internas del PAN llevan meses colocando a Marco Bonilla con una ventaja abrumadora. El alcalde de Chihuahua capital aparece consistentemente por encima del 70 % de las preferencias panistas, mientras Loya y el resto de aspirantes apenas alcanzan cifras de un dígito. Cuando el segundo o tercer perfil más visible del partido declara que apoyará “al mejor”, no está abriendo una contienda: está cerrando filas.

En política no existen las casualidades de timing. Que Loya hable de “la mejor opción” justo cuando Maru lo ancla en Seguridad y cuando Bonilla ya domina las mediciones internas no es un detalle menor. Es la confirmación, en voz del propio contendiente potencial, de que el camino hacia la candidatura panista a la gubernatura 2027 ya tiene dueño. Y ese dueño se llama Marco Bonilla.