Por Boris González Ceja
El 1 de abril del 2019 el señor A. Osornio y su hijo N. Osornio originarios de Michoacán,
salieron de Tijuana para intentar cruzar a Estados Unidos, perdiéndose la comunicación
con ellos ese mismo día. Dos días después las autoridades encontraron dos cuerpos en la
carretera de Tijuana. Los cuerpos no fueron identificados por las mismas autoridades a
pesar de la denuncia de desaparición y se inhumaron en la fosa de Tijuana.
Se ha solicitado a las autoridades de Michoacan su intervención, no obstante sólo dicen
no ser de su competencia justificando que el delito no fue en el estado. Los cuerpos
fueron identificados por sus familiares y las comparativas genéticas dieron positivo, pero
el trámite está atorado por que no se ha autorizado el recurso en la Comisión Ejecutiva
Estatal de Atención Integral a Víctimas de Baja California a cargo de María Alejandra
Basaldua Ayala, para las exhumasiones y el traslado de los cuerpos a su lugar de origen.
Lo que exigimos a las autoridades tanto de Baja California, de Michoacán y del Gobierno
Federal es que se agilice el trámite, que no hagan esperar más de lo que ya ha esperado su
familia, se supone que ellos tienen el recurso para estos casos, sólo quieren traelos a casa,
a su tierra y poder descansar de esta pesadilla.
He visto a muchas familias buscando a sus desaparecidos, con mucho dolor, con una
desesperanza que a algunos no les alcanza en la vida, muriendo con el sentimiento de no
haber podido encontrar de nuevo a su desaparecido.
Un Estado corrupto, arrodillado por la delincuencia, nunca será ejemplar ni puede ser
histórico, sobre todo por la falta de decisión para poder lograr darle valor al sentir de los
desaparecidos. Su voz en el silencio nos dice que no debemos, y no podemos, dejar de
pensarlos, no podemos dejar de buscarlos, hasta encontrarlos.
México es una gran fosa clandestina, gobernado en amplias zonas del país por
narcotraficantes, el sentir de los familiares de los desaparecidos es de una desesperanza
abismal con el gobierno, que prometía más y que nos esta quedando a deber en el tema de
la justica, justicia para las familias de los desaparecidos, ya que sólo queremos una cosa,
encontrarlos y una vez que los encontremos lo mínimo que pueden hacer es cumplir con
sus obligaciones para reparar el daño. Es hasta burlesco que lo llamen así, reparación del
daño, porque en primera, ese daño nunca debió haberse generado, mucho menos lo
podrán reparar, pero sí está en sus obligaciones hacerlo menos tormentoso, menos
tedioso, menos burocrático.
Sin duda el presidente es muy querido por miles de personas, sin embargo en cuanto a la
atención a los desaparecidos, a las víctimas directas e indirectas, ha sido poco asertivo. Él
y sus gobertantes se han visto rebasados por el crimen organizado, que si bien no es un
problema nacido en este sexenio, sí es su responsabilidad atender y resolver los daños
ocasionados por estos, las personas que vivimos esta degracia de tener un familiar
desaparecido triste y lastimosamente sentimos que nos ha dado la espalda.
Tenemos más de 5 mil 600 fosas clandestinas, con más de 100 mil desaparecidos y miles
de personas no identificadas, miles de familias en busca de familiares, cada vez
conocemos a más personas que tienen “perdido a un pariente” y las carpetas de
investigación archivadas, olvidadas como si no se tratara de nadie, las familias
denunciamos y recurrimos a las autoridades que se supone saben que hacer, el problema
es que hacen poco o nada, en la mayoría de los casos son las mismas familias las que
encuentran a sus desaparecidos, como fue el caso anterior.
En México la política pública para los maleantes es de tolerancia, pareciera que es a ellos
a quien se protege, nuestro presidente se ha convencido de que en su gobierno ya no hay
corrupción e impunidad, que ante su ceguera los servidores públicos se coluden con los
delincuentes o son ellos mismo tales delincuentes ¿alguien de los familiares de
desaparecidos le darían un abrazo a sus verdugos?
La búsqueda debe realizarse con una estrategia integral, y en el país las autoridades van a
donde les conviene, no atienden los casos: como vimos al principio, un padre e hijo
fueron desaparecidos en Tijuana y fueron inhumados en calidad desaparecidos, aún
cuando la fiscalía tenía la denuncia de su desparición, fue hasta cuatro años después
cuando con sus familiares los identificaron porque los buscamos y los encontramos:
ahora deben regresar sus cuerpos a Michoacán, pero hasta el día de hoy el Gobierno no
ha actuado para entregarlos a la familia, para que puedan ser enterrados en su tierra.
Causas y azares…
Las leyes de desaparición en el país son letra muerta, hecha entre amigos
para quedar bien entre ellos.
La condecoración al General Cienfuegos de parte de AMLO es un mal
presagio para el país del autoritarismo infantil.
Hasta la próxima, que no condenar el crimen sería fomentar la impunidad y convertirse,
de algún modo, en su cómplice.
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