La corrupción ya no conoce fronteras ni uniformes. Lo que antes era símbolo de disciplina, honor y servicio al país —el Ejército Mexicano— hoy parece tener fisuras tan profundas como las de cualquier dependencia civil. La reciente detención de un tráiler cargado con contrabando que logró pasar por la Aduana de Puerto Palomas de Villa, antes dirigida por el coronel Octavio Othon López Pérez, evidencia que la podredumbre también se ha infiltrado en los mandos castrenses. López Pérez, por cierto, no es un nombre cualquiera: figura entre los militares investigados por el huachicol fiscal y acaba de asumir el mando en Ciudad Juárez, pese a sus vínculos con René “La Rana” Díaz, contrabandista exhibido en una mañanera por Claudia Sheinbaum. Todo apunta a una acción que no puede calificarse de otra manera: incorrecta, deliberada y con sello de impunidad.
El operativo de la Agencia Estatal de Investigación, realizado el 7 de octubre a las 16:48 horas, terminó exhibiendo lo que la aduana dejó pasar sin reparo: un tractocamión International 2014 con placas del Estado de México y una caja seca Utility repleta de productos sin documentación legal —desde bocinas y auriculares hasta cafeteras, waffleras y masajeadores faciales—, todos de origen extranjero. El conductor, José Luis F. Q., de 36 años, fue detenido por contrabando agravado, pero el fondo del asunto no está en el chofer, sino en los altos mandos que permiten y encubren estos movimientos. Lo que antes se presumía como la última institución incorruptible, hoy parece marchar al mismo paso que la corrupción que tanto decían combatir.
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En Nuevo Casas Grandes, una región donde la corrupción y la delincuencia organizada llevan años filtrándose en los pasillos del poder local, la alcaldesa Edith Escárcega Escontrías, del PT y aliada de Morena, parece haber encontrado su propia forma de “brillar”. El nuevo alumbrado público de la Macroplaza no solo ilumina las calles, sino también su nombre, grabado con orgullo y pintado de guinda. Lo que debía ser un servicio básico se transformó en un homenaje personal, un acto de propaganda política disfrazado de gestión municipal. En lugar de reflejar transparencia o vocación de servicio, el alumbrado expone un estilo de gobierno más preocupado por la imagen que por resolver los verdaderos problemas de la gente.
Y es que mientras la alcaldesa busca dejar su sello en cada rincón del municipio, los ciudadanos siguen tropezando con baches, falta de servicios y calles en penumbra. Ahora, al querer extender su “marca personal” a más espacios públicos, Escárcega corre el riesgo de enfrentar denuncias por promoción personalizada, un delito que en tiempos electorales no se toma a la ligera. En una zona donde la política y el crimen organizado a menudo se confunden, esta nueva “iluminación” parece más un reflejo del ego que una muestra de heroísmo. Porque en Nuevo Casas Grandes, cuando la luz pública lleva nombre propio, lo único que verdaderamente se oscurece es la ética.
El director de Obras Públicas, Carlos Rivas, volvió a salir a escena para presumir lo que ya parece una rutina de esta administración: prometer a lo grande, arrancar con bombo y platillo… y retrasarse eternamente. Ahora resulta que el famoso puente de la avenida de las Industrias y Nogales, aquel que desde inicios de año se vendía como la gran solución vial, apenas arrancará este jueves. Sí, leyó bien: ya casi se acaba el 2025 y apenas empezarán uno de tres.
Pero no se preocupe, el funcionario promete que se construirá “simultáneamente” y que “siempre se mantendrá abierto al tránsito”, aunque lo más probable es que eso se traduzca en meses de embotellamientos y caos. Lo irónico es que, según el propio Rivas, el plazo de ejecución es de 10 meses. Traducido al lenguaje municipal: año y medio, con suerte. Porque si algo ha caracterizado al director de Obras Públicas es su maestría en extender calendarios y multiplicar retrasos.
La historia se repite: los grandes proyectos de infraestructura en Chihuahua siempre llegan tarde, mal y nunca. Se anuncian en enero, se arrancan en octubre y se entregan —si acaso— un par de navidades después. Mientras tanto, los automovilistas siguen atrapados en el tráfico y el municipio sigue gastando en discursos y listones para banderazos.
El problema no es solo técnico, es político: cada retraso erosiona la credibilidad de una administración que vive de la foto y del anuncio, no de la entrega. El puente de Nogales debió estar en inauguración, no en arranque. Y la pregunta es inevitable: ¿si así empiezan, cómo van a terminar?
Chihuahua no necesita más promesas infladas ni funcionarios que juegan con el calendario como si fuera plastilina. Lo que necesita son obras cumplidas en tiempo y forma. De lo contrario, la administración municipal pasará a la historia no por sus soluciones viales, sino por sus puentes fantasma. ¿Culpa de quién? pues de Rivas pero la pregunta es ¿Por qué sigue ahí, que le deben, qué sabe? Cosas inexplicables
La administración municipal se aventó la friolera de 925 millones de pesos en la renta de patrullas para la Policía Municipal. Sí, casi mil millones para que los oficiales presuman unidades nuevas, mientras la delincuencia sigue campante en las calles. La pregunta es obvia: ¿sirven o no sirven? Porque con los números en rojo que cada semana se publican, parece que esas patrullas traen de todo menos resultados.
El comisario Julio Salas, siempre sonriente en sus conferencias, no logra resolver lo básico: que los ciudadanos de Chihuahua vivan seguros. Pero eso sí, patrullas no faltan, y cada una debe costar como si viniera blindada para un campo de guerra. ¿De qué sirven 925 millones de pesos rodando por la ciudad, si los delitos siguen sumando como si nada?
El gasto es insultante. Con semejante presupuesto, se pudieron haber construido escuelas, hospitales, puentes o hasta un nuevo sistema de videovigilancia de verdad. Pero no, la decisión fue apostarle a la renta de camionetas como si fueran el amuleto mágico contra la delincuencia. El problema es que el crimen organizado y los delincuentes de a pie no se espantan con pintura azul y sirenas nuevas.
La ciudadanía ya empieza a preguntarse: ¿en qué se traduce todo ese dinero? Porque la percepción de inseguridad va al alza, los homicidios no bajan, y la única certeza es que los arrendadores de patrullas están felices, contando sus millones.
Al final, lo que queda claro es que la estrategia de seguridad de esta administración se resume en una ecuación absurda: mucho gasto, pocos resultados, y nula confianza ciudadana. Si la intención era mostrar músculo, lo único que lograron fue exhibir debilidad. Porque la seguridad no se mide en camionetas de lujo, sino en calles tranquilas. Y esas, en Chihuahua, siguen siendo una promesa incumplida.
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