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Los incidentes relativos a la migración que tuvieron lugar en los últimos días ponen de manifiesto la urgencia de que el Gobierno Federal atienda el fenómeno, de que elabore una nueva legislación que regule el ingreso, salida y estancia de personas en situación de movilidad, al mismo tiempo que garantice sus derechos humanos.
Así lo expresó el secretario general de Gobierno, Santiago De La Peña. Porque, de lo contrario, advirtió la llegada de un panorama adverso no sólo para el Estado de Chihuahua, sino también a nivel nacional. «Si no ponemos en orden la migración, esto se va a convertir en un caos», dijo, por lo cual declaró, en nombre del resto del gabinete, que la administración estatal está en disposición de hacer lo propio.
Porque —hizo hincapié— la crisis humanitaria no encontrará solución a partir de discursos políticos, sino de un trabajo coordinado con los tres niveles de gobierno. Aunque esto no ha ocurrido hasta la fecha, reconoció que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha mejorado el trato hacia Chihuahua en comparación del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Por consiguiente, hizo una invitación a senadores, diputados locales y federales para abordar la problemática, la cual es susceptible de agravarse a partir del 20 de enero, cuando el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, entre en funciones y tenga la posibilidad de implementar una deportación masiva de mexicanos, centro y sudamericanos, como ha amenazado.
De La Peña hizo un llamado de atención, entonces, para que la Federación «marque la pauta para poner orden en esto», de tal manera que «no vuelva a suceder nunca más» el asesinato del agente federal del Instituto Nacional de Migración (INM) ocurrido ayer lunes a mediodía o el incendio en el asentamiento provisional ubicado en la calle Juan Pablo II, al sur de la ciudad de Chihuahua.
