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En una audiencia de individualización de sanciones, la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Centro obtuvo una sentencia condenatoria de 172 años y seis meses de prisión contra Jorge Alberto C. A. por los homicidios de cinco miembros de una familia. El pasado 12 de junio, un Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos pronunció el fallo que declaró a Jorge Alberto C. A. penalmente responsable por hechos ocurridos el 29 de junio de 2018 en una vivienda de la calle Universidad de Nayarit, en la colonia Residencial Universidad.
Durante la investigación ministerial, se estableció que Jorge Alberto C. A. disparó con un arma de fuego a las víctimas María Magdalena R. A., Ricardo Iván C. P., Daniela R. A., Daniel Gregorio R. V., y Rita A., quienes le reclamaban la entrega de un riñón por el que habían pagado 500 mil pesos. Además de la sentencia de 172 años y seis meses de prisión, Jorge Alberto C. A. fue condenado a pagar una reparación del daño material por la cantidad de 9 millones 550 mil pesos.
La Fiscalía de Distrito Zona Centro presentará un recurso de apelación contra la resolución judicial que puso en libertad a los coacusados, Lisseth C. S. y Jorge Alberto C., esposa e hijo del sentenciado. Durante el juicio oral, la representación social de las víctimas presentó pruebas que demostraban su participación en estos homicidios. Cabe mencionar que desde 2022, Jorge Alberto C. A. purga una sentencia de 22 años de prisión por el homicidio de Laura S. L., cometido el 7 de diciembre de 2017, en el exterior de la Guardería número uno del IMSS, en la ciudad de Chihuahua.
El caso de los homicidios en la calle Universidad de Nayarit destaca la complejidad y el impacto de los delitos de tráfico de órganos, un problema serio que enfrenta la sociedad actual. La magnitud de la sentencia ha sido una respuesta clara al nivel de violencia y la premeditación con que se ejecutaron estos crímenes. La sociedad de Chihuahua y las familias de las víctimas esperan que las acciones legales emprendidas por la Fiscalía resulten en una justicia completa y que los coacusados reciban también su debida sentencia si se comprueba su participación en los homicidios.
