El ministro Javier Laynez asestó dos nuevos reveses al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, que lo obligan a pagar el fondo de 2 mil 500 millones de pesos a los alcaldes y permiten al Congreso local seguir el juicio político en su contra.
Las controversias constitucionales 481/2023 y 483/2023, en las que García Sepúlveda buscaba combatir las sentencias definitivas del Tribunal Superior de Justicia del Estado sobre ambos temas, fueron desechadas por “manifiesta e indudable improcedencia”.
En el caso del juicio político iniciado por el Congreso local en contra del mandatario, detenido por el Tribunal de Justicia Administrativa, se determinó que dicha instancia no estaba facultada para ello, y, por ende, se podrá dar continuidad al proceso.
“Lo pretendido por la parte actora en este asunto no es plantear un auténtico conflicto competencial de orden constitucional, sino combatir el fondo de la resolución a la que arribó el Tribunal Superior de Justicia, de modo que sea esta Suprema Corte la que determine si el sentido en el que fue fallada es correcto o no.
“En otras palabras, no se advierte que el promovente plantee un verdadero conflicto competencial de orden constitucional”, refirió el ministro Laynez en su sentencia.
Sobre el tema de los recursos, se siguió una lógica similar, al dictaminarse que el Reglamento para acceder al fondo de los 2 mil 500 millones que corresponden a los municipios invadió esferas competenciales al obstaculizar la entrega del dinero.
Al desecharse la controversia del gobernador, se mantiene vigente la resolución del TSJ que ordena el pago de dicho recurso.
Juicio se encuentra suspendido por juez de amparo
La Corte publicó el acuerdo del ministro, donde se narra que el 12 de diciembre de 2022, se inició y turnó a la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, el expediente que contiene la denuncia de juicio político.
Las faltas que se le atribuyeron fueron la falta de publicación de diversos decretos legislativos y la omisión de remitir el presupuesto de egresos de 2023, en el plazo que establece la constitución local.
El 31 de enero de este año, la citada comisión inició el procedimiento de juicio político.
En contra de esta determinación, Samuel García promovió un juicio contencioso administrativo y el 10 de febrero del año en curso, la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, lo admitió a trámite y le concedió la suspensión, para el efecto de que las autoridades se abstuvieran de determinar o proponer sanción alguna, hasta que se resolviera este juicio.
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Sin embargo, el Congreso Local promovió una controversia de inconstitucionalidad en el Tribunal Superior de Justicia del Estado contra el Tribunal de Justicia Administrativa.
El pasado 4 de septiembre, el Pleno del Tribunal Superior determinó declarar la invalidez del auto dictado el 10 de febrero, por admitir la demanda y ordenó que fuera sobreseída, es decir, que no se estudiara.
“Lo anterior deja ver con claridad, que el estudio que propone la parte accionante tiene que ver exclusivamente con la legalidad de la resolución impugnada pues no pretende combatir una invasión de competencias entre el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Justicia Administrativa o de algún acto vinculado directamente con la denuncia de juicio político que dio origen a los pronunciamientos combatidos, sino que se duele de que el Poder Judicial de la entidad emitió una decisión que invalidó una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa que le resultaba favorable”, señaló el ministro Javier Laynez.
Es de mencionar que el juicio político contra Samuel García se encuentra suspendido porque el gobernador obtuvo una suspensión definitiva por parte de un juez de amparo.
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