Preocupa el déficit planteado por el Ejecutivo Federal y que dicho monto supere lo que se
planea destinar a inversión pública.
Diputados deben respetar presupuestos presentados por el Poder Judicial, así como los del
INE e INAI para que éstos cumplan con sus obligaciones constitucionales; pretender
afectarlos implicaría debilitar la democracia y separación de poderes.
Los integrantes de la Cámara de Diputados deberán garantizar que el Paquete Económico
2024 presentado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) destine los recursos necesarios y suficientes a educación, salud y seguridad en
el país; así como revisar exhaustivamente los montos de endeudamiento propuestos por la
administración para el siguiente Ejercicio Fiscal.
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Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), hacemos también un
llamado a los legisladores para que se respeten los presupuestos presentados por el Poder
Judicial, así como los de los órganos autónomos como el INE y el INAI, a fin de que estos
cumplan con las obligaciones que les fueron conferidas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Tras una primera revisión del Paquete Económico presentado el 08 de septiembre y que
incluye los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la
Federación (ILIF) y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), en
Coparmex advertimos con preocupación un incremento importante en el déficit público, es
decir, en la contratación de deuda, para solventar el proyecto de presupuesto que propone el
Gobierno Federal.
En ese sentido, es importante mencionar que el PPEF para el próximo año contempla un gasto
total de 9 billones de pesos, lo que significa un incremento real de 4.3 por ciento con respecto
al aprobado en 2023; sin embargo, se tienen previstos ingresos presupuestarios sólo por 7.3
billones de pesos, por lo tanto, debido a que se estiman menos ingresos y más gasto, el
presupuesto nace con un déficit.
De acuerdo con la información dada a conocer, para el próximo año, el proyecto
gubernamental plantea un nivel de déficit presupuestario de 4.9 por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB) que al cierre de este año se estima sea de 3.3 por ciento; de ahí que es muy
relevante que el techo de deuda planteado (1.9 billones), supera lo que se piensa gastar en
inversión pública (1.1 billones), por lo que reiteramos nuestra preocupación de que ese rubro se
pueda usar también para cubrir el gasto corriente.
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Más aún, el recurso que se pretende destinar para inversión pública presenta una disminución
real del 11 por ciento. En particular, la inversión física será de 888 mil millones de pesos, con
una reducción de 23 por ciento con respecto a lo aprobado en 2023 y será del 2.6 por ciento
del PIB. Es oportuno mencionar que cerca del 15 por ciento de este presupuesto se irá al Tren
Maya. Otro tema de la mayor relevancia es la poca atención al gasto que fomente el desarrollo
económico del País pues el presupuesto de la Secretaría de Economía se mantiene estancado
con un crecimiento real del 0 por ciento.
Por otra parte, desde COPARMEX hemos manifestado que, para lograr un México con
Desarrollo Inclusivo, que ponga al centro a las personas y se enfoque en mitigar y revertir las
carencias sociales de la población, es necesario que el Gobierno invierta de manera prioritaria
en salud, educación y seguridad pública.
No obstante, en el PPEF presentado por el Ejecutivo Federal observamos que el incremento en
salud es insuficiente ante el aumento de 30.3 millones de personas sin acceso a servicios de
salud reportado por el CONEVAL en su más reciente medición de la pobreza.
Por su parte, la propuesta sólo contempla un incremento del 1 por ciento para la Secretaría de
Educación Pública y en lo que respecta a Seguridad, el aumento real es de solo 2 por ciento
para la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, mientras que la Secretaría de la
Defensa Nacional (SEDENA) y Marina, tienen aumentos superiores al 50 por ciento. Más aún,
es necesario revisar el Fondo para la Seguridad Pública de los Estados y de la Ciudad de
México (FASP), que solo tendrá un aumento real de 0.02%. No coincidimos con la militarización
del gasto público en seguridad que apuesta por más centralización y menor respaldo a estados
y municipios.
El presupuesto destina 741 mil millones de pesos a los programas prioritarios y el 63% de este
monto se destina al programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultos Mayores.
En este sentido, es importante tener en cuenta que los programas sociales deben de estar
enfocados en atender a la población más vulnerable. Será indispensable que el monto
destinado a programas sociales permita revertir el aumento que se tuvo en la pobreza extrema
de 2018 a 2022.
Por último, como defensores del Estado de Derecho y la división de poderes, reiteramos el
llamado a los diputados federales, quienes tendrán en sus manos la aprobación del
Presupuesto de Egresos, a que respeten las proyecciones de gasto planteados por el Poder
Judicial y los órganos autónomos con la finalidad de garantizar que cumplan con sus
obligaciones constitucionales y sean garantes de los derechos que los mexicanos tenemos a
una justicia imparcial y expedita, a elecciones limpias con resultados confiables, así como a la
transparencia y la protección de nuestros datos personales. Lo decimos con contundencia: No
deben ponerse en riesgo las elecciones de 2024 ni debilitarse nuestra democracia.
México merece un presupuesto justo y responsable que garantice acceso a los servicios
básicos, que promueva el desarrollo y fortalezca la vida democrática.
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