| En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) reconocemos a las y los legisladores del Congreso de la Unión por aprobar la reforma al artículo 73 de la Constitución que faculta la creación de una Ley General en materia de extorsión. Esta decisión histórica permitirá establecer un marco legal uniforme en todo el país para enfrentar un delito que, durante años, ha dañado a millones de personas, ha frenado la inversión y ha generado pérdidas superiores a 21 mil millones de pesos anuales. Como impulsores de esta reforma, reconocemos que nuestras propuestas hayan sido incorporadas en los dictámenes aprobados. Desde septiembre de 2023 presentamos iniciativas y argumentos técnicos para dotar al Congreso de las herramientas necesarias que permitan coordinar a los tres niveles de gobierno en la persecución de este delito, establecer penas claras y eliminar las llamadas puertas giratorias que hoy permiten que quienes extorsionan continúen operando con impunidad. Durante las sesiones de debate, legisladoras y legisladores citaron los datos presentados en nuestro Monitor de Seguridad, donde documentamos que en el primer semestre de 2025 se registraron 5 mil 887 víctimas de extorsión, la cifra más alta en registros oficiales y 83% superior a la de hace diez años. Este insumo, elaborado con información oficial y el análisis de nuestra Comisión Nacional de Seguridad y Justicia, permitió visibilizar la magnitud del problema y dar sustento a la urgencia de esta reforma. La extorsión es el delito que más lastima a los negocios, especialmente a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), que generan el 65% de los empleos formales en México. Los resultados de #DataCoparmex 2024 indican que el 12.8% de nuestros socios han sido víctimas de la extorsión, principalmente por vía telefónica (70.5%). Cada día, 32.3 personas en promedio son afectadas, lo que provoca pérdidas económicas, frena proyectos productivos y limita el crecimiento económico en regiones enteras. La nueva facultad del Congreso para emitir una Ley General permitirá articular una estrategia integral que contemple protocolos de atención a víctimas, fortalecimiento de las Unidades Antiextorsión locales, uso de inteligencia criminal, sanciones ejemplares y mecanismos de prevención. Con este marco jurídico, será posible cerrar el paso a los grupos que operan bajo la ley que hoy encuentran en la extorsión una de sus principales fuentes de financiamiento. Valoramos que la reforma contemple acciones coordinadas entre la Federación, los estados y los municipios, así como la incorporación de herramientas tecnológicas y análisis de datos para desmantelar redes de extorsión. La ley deberá incluir atención diferenciada para las regiones donde predominan prácticas como el “cobro de piso” y para las víctimas de extorsión telefónica, quienes requieren operadores capacitados en manejo de crisis y canales digitales de denuncia seguros y efectivos. Reiteramos que la prevención y la educación en valores son esenciales para reducir este delito. La ley debe acompañarse de campañas nacionales que fortalezcan la cultura de la legalidad y promuevan la denuncia, a fin de reconstruir el tejido social y consolidar el Estado de Derechos que México necesita para garantizar seguridad, atraer inversiones y generar empleos formales. En COPARMEX seguiremos colaborando con los Congresos locales para lograr la ratificación de esta reforma y con el Congreso de la Unión en el diseño de la Ley General. Estaremos atentos y participando para que, una vez aprobada la reforma constitucional por la mayoría de los Congresos locales, el Ejecutivo Federal presente con apremio la iniciativa correspondiente de Ley General. Perseveraremos en que estas medidas incidan de manera tangible en la reducción de esta grave afectación a las familias, a las empresas y a la ciudadanía en general. Nuestro compromiso siempre será proteger a las personas, a las empresas y a la economía nacional. Sin seguridad no hay libertad, sin justicia no hay inversión y sin legalidad no hay futuro. | 
