Ciudad de México, 22 de marzo de 2023.- Han entrado México y Estados Unidos en un juego político perverso alejado desde todos los puntos del terreno diplomático y de las cacareadas “buenas relaciones”. Los calificativos van y vienen entre ambos y, por desgracia, los expresados del lado mexicano no cuentan con suficientes sustentos. Las críticas sobre distintos acontecimientos van subiendo de volúmen y en ellas participan lo mismo congresistas que funcionarios del gabinete de Joe Biden, La prensa norteamericana los reproduce y no marcan esa etapa electoral como prioritaria cuando de garantizar seguridad a sus ciudadanos se trata.
Duro y crudo es el diagnóstico sobre Derechos Humanos en México realizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el cual constata la práctica generalizada en territorio mexicano de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, restricciones a la libertad de expresión y a los medios de comunicación. El reporte pegó en el centro de la política de seguridad de López Obrador, quien, sin más, desestimó el análisis y lo tachó de ser “pura politiquería”, de “Bodrio”, sin ir al fondo del problema que incluye una profunda revisión a su estrategia de “abrazos, no balazos” ante los cárteles del narcotráfico, lo cual les ha permitido empoderarse y actuar con toda libertad en esta administración federal, a pesar de la aguda militarización del país.
El informe anual del Departamento de Estado en materia de Derechos Humanos denuncia es insuficiente en México la investigación en los casos de violencia de género, la existencia de gran impunidad, bajas tasas de enjuiciamiento, corrupción, detenciones arbitrarias y abusos en operativos. A esto el presidente López Obrador respondió: “en el “departamentito” pueden contestar lo que quieran, pero no tienen pruebas, y son calumniadores pues en México no hay masacres, no se tortura, no se violan derechos humanos, no se persigue ni se reprime a nadie. Este “departamentito” protege al conservadurismo en América Latina, el Caribe y el mundo”.
El texto considera como “informes creíbles de homicidios ilegítimos o arbitrarios por parte de la policía, el ejército y otros funcionarios gubernamentales: desaparición por agentes del Estado; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad”. Consigna igualmente “condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; graves actos de corrupción gubernamental; investigación inadecuada y responsabilidad por la violencia de género, incluida la violencia doméstica o de pareja”.
No dejaron un asunto sin cuestionar y no hay manera de negarlo cuando son cientos de internos en los penales denunciando su inocencia; los familiares de los soldados también reclaman por acciones de las cuales han sido víctimas y por órdenes recibidas y ¿sobre las investigaciones? Mejor no hablar.
Van más allá en este documento al constatar restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia contra los periodistas; la libertad de las organizaciones criminales para cometer homicidios, secuestros, extorsión y trata de personas. Y resalta la autocensura de la prensa por temor a represalias, y el descrédito por acciones como la sección “Quién es quién en las mentiras”, en las conferencias mañaneras.
Agregan:“las bases de datos federales y estatales sobre desapariciones son incompletas y tienen problemas para compartir información. Los sistemas forenses están muy fragmentados entre los niveles local, estatal y federal, y el volumen de casos sin resolver es mucho mayor que el que son capaces de manejar. Las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), cuyo reporte a diciembre habla de 108 mil 521 personas desaparecidas en México, permite ejemplificar y asegurar que la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, en 2014, fue un crimen de Estado (…) El informe encontró fueron varios funcionarios locales, estatales y federales, quienes por acción u omisión, estuvieron involucrados en la realización o el encubrimiento de delitos relacionados con las autoridades”.
Ante las acusaciones lanzadas, AMLO cuestionó: “¿Qué más pueden decir? ¿Ahora cuál es la nota? El Departamento de Estado condenó la violación de Derechos Humanos en México donde hay persecución a los periodistas, donde hay tortura, donde no hay libertades… Pues saben que eso no es cierto, pero como son muy mentirosos y están muy molestos porque ya no se permite robar, pues van a seguir, pero en política se puede hacer todo, menos el ridículo”. Sobre la redacción y presentación del reporte el Ejecutivo aseguró “no representa el pensamiento del presidente estadounidense Joe Biden, sino de un grupo enquistado en el gobierno de Estados Unidos que busca mantener la “doctrina Monroe”, una concepción histórica la cual dicta que aquel país está destinado a convertirse en una potencia mundial. Están mintiendo, es pura politiquería, es su naturaleza, no quieren abandonar la doctrina Monroe, y antes el llamado Destino Manifiesto.
“No quieren cambiar, entonces se creen el gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el propio. Pero no es para enojarse, es que así son; nada más decirles que no es cierto, que son unos mentirosos. Nada más decir que no es cierto, que son unos mentirosos. Es como si aquí nosotros los evaluáramos: A ver, derechos humanos, oye, ¿por qué no liberas a (Julián) Assange, si estás hablando de periodismo y libertad?, ¿por qué tienes preso a Assange?”, el activista australiano, detenido en el Reino Unidos.
Está a la vista muy claramente la inutilidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a quien le implantaron una Piedra como lastre. Se le usa convenientemente para actos ligados a la política, como el envío de dos candidatos a consejeros del INE, pero no hay ni siquiera intenciones de exigirles actúen en los poquísimos renglones en donde participan porque nada hacen en lo laboral, en lo electoral, en las denuncias en contra de la CFE o en la práctica de suspensión de agua. Está la Piedra para llenar el refri con jamones, carne, pollo, botanas, sin atender las áreas dedicadas a otra conservación: la de los cadáveres.
En relación a la libertad de expresión, el informe subraya estuvieron los medios independientes reactivos y expresaron una amplia variedad de puntos de vista sin restricciones, pero a menudo se autocensuran por temor a represalias de funcionarios gubernamentales y organizaciones criminales. “El descrédito oficial de los trabajadores de la prensa empeoró a partir de junio de 2021, con la sección de “¿Quién es quién en las mentiras” en la conferencia de prensa matutina en donde exponen a los periodistas que presuntamente divulgaron noticias falsas”. Y, las consecuencias de crear odio y división entre los mexicanos están a la vista.
Efectivamente es injusto culpar al régimen actual por situaciones infames sufridas desde hace una treintena, pero no hay forma para lograr contesten: ¿cómo ha sido este crecimiento y empoderamiento territorial y economico de los narcos? Aparecen ahora exitosos trabajando con otros países, teniendo como puntos de gran concentración de droga y capitales Cancún y Oaxaca, ambas entidades “consentidas” por el primer mandatario en el presente. Seguramente el tabasqueño sí cuenta con elementos para dar respuesta a esta interrogante, lo lastimoso está en no contar con el personal adecuado para emprender la tarea de presentación y difusión. No hay tampoco otros responsables por los incumplimientos, irresponsabilidades y omisiones y durante más de 4 años han tenido la oportunidad de responder a la confianza brindada por el inquilino de Palacio.
DE LOS PASILLOS
Tal y como se esperaba, “El Chueco”, a quien identificaron como el asesino de los sacerdotes jesuitas fue encontrado muerto y el final de la investigación señalará actuaba por su cuenta, no hay jefes ni autores intelectuales cuando de cerrar los casos se trata; seguramente fue ejecutado por el cártel para el cual trabajaba. Es con este estilo de cerrar los casos como se siembran todas las dudas y se hacen numerosas las especulaciones… Sobre quienes asesinaron a las seis jóvenes en Guanajuato nada se sabe, solamente se limitan a señalar “ya se tienen ubicados a quienes presuntamente llevaron a cabo los crímenes”…
Uniformado con estas declaraciones aparece el fiscal quintanarroense Oscar Montes de Oca al ser cuestionado por el secuestro y homicidio de conocido empresario chetumaleño y sobre los dos empresarios de la Riviera Maya también privados de su libertad y sus cuerpos encontrados días más tarde. Quintana Roo aparece todos los días en los informativos de la televisión nacional debido a la inseguridad y violencia desatada. Sin embargo Montes de Oca ha logrado protección horizontal en la 4T, se desenvuelve como constructor y abona a los reclamos a la gobernadora al no solucionar ningún caso, pese a la existencia y reporte de decenas de jóvenes desaparecidas negándose, inclusive, a atender a las familias de estas víctimas…
Habrá de buscarse hasta encontrar al beneficiario de los conflictos al interior del PRI. En el Senado, por ahora, se centran los reflectores con el desconocimiento de Osorio Chong como líder de la fracción y ver tal decisión adoptada por nueve legisladores de 13, no se antoja como mera venganza de “Alito”, Alejandro Moreno, líder nacional del tricolor por los dardos lanzados, los cuales provocaron la decisión del INE de negarle la extensión de mandato al campechano… Lorenzo Cordoba, todavía presidente de ese Instituto mantuvo una interesante charla con Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos. Desde Washington retumbaron las alabanzas del funcionario norrteamericano a la operación y reputación del INE, quien afirma rotundamente “el fentanilo se produce en México”.