Un fallo judicial obligó al Gobierno del Estado de Chihuahua a garantizar una pensión por discapacidad permanente a personas menores de 65 años, al reconocer este derecho como universal y respaldado constitucionalmente.

La resolución se derivó de un juicio promovido por la Asociación de Personas con Discapacidad en Chihuahua A.C. (APDCH).

De acuerdo con la organización, el fallo representa un precedente legal significativo en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, al establecer que no puede limitarse el acceso a la pensión únicamente por criterios de edad.

El pronunciamiento judicial reafirmó que el Estado debe garantizar condiciones de vida dignas a este sector de la población, sin restricciones discriminatorias.