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El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores afirmó que el paro de labores anunciado por trabajadores del Poder Judicial Federal y en los estados para intentar frenar la aprobación de la reforma del Poder Judicial viola la Constitución.

Ciudad de México.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que el paro de labores anunciado por trabajadores del Poder Judicial Federal y en los estados para intentar frenar la aprobación de la reforma del Poder Judicial viola la Constitución y acusó que Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo alienta.

“Lo he dicho yo siempre: Creo que Norma Piña, como presidenta de la Corte, no debería presionar, ni hacer caminar a los trabajadores a caminos sin retorno’’, respondió a pregunta específica sobre si la ministra “está detrás’’ de la convocatoria a suspender labores.

“Yo preferiría el diálogo, no me gusta la confrontación. A pesar de que podemos tener mayoría calificada (para aprobar la reforma constitucional en ciernes), nosotros vamos a abrir el diálogo con todos’’.

Desde la perspectiva del zacatecano, a Piña Hernández “le falta diplomacia, pericia, inteligencia para poder llevar a cabo una relación de colaboración y coordinación entre los Poderes.

Para mí ese ha sido uno de los puntos centrales del desencuentro que existe del Poder Judicial con el Poder Legislativo y Ejecutivo’’.

Y habla sólo de ella y no del resto de ministros de la Corte, explicó, porque se ha reunido “casi con un alto porcentaje de los integrantes, y me han hecho saber su posición. Los he escuchado con respeto e incluso me han entregado propuestas por escrito para mejorar la reforma al Poder Judicial’’ que ya fueron incorporadas al dictamen correspondiente.

La reforma del Poder Judicial, aseguró, no perjudicará a los trabajadores judiciales como se pretende hacer creer por lo que no hay justificación para suspender labores.

“El irse a paro jueces y magistrados, violan flagrantemente el artículo 17 de la Constitución, que establece que la justicia debe de ser expedita y pronta… obstaculizar, obstruir o detener el acceso a la justicia es un delito grave contra la administración de justicia’’.

Con Información de: El Economista