Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) denunció persecución por parte de la Unidad de inteligencia Finaciera (UIF) en contra de la presidenta de esa organización, María Amparo Casar, y de su fundador, Claudio X. González, por lo que expresó su “profunda preocupación” por el uso de las instituciones para “perseguir y amedrentar”. La periodista Peniley Ramírez publicó en el diario Reforma que hay una investigación de la UIF en contra de María Amparo Casar, Claudio X. González y otras personas integrantes de la organización, así como de abogados que han litigado para ellos.

 

“Desde Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) expresamos nuestra profunda preocupación por la serie de revelaciones que evidencian la utilización de instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sin ninguna justificación aparente, para perseguir y amedrentar a personas relacionadas con la investigación y denuncia de redes y casos de corrupción en México”, señalaron en un comunicado. MCCI mencionó que “es un precedente peligroso e inaceptable en un régimen democrático” el ‘uso arbitrario’ de los poderes del Estado en contra de ciudadanos que, señaló, sólo ejercen su libertad de expresión.

“El poder del Estado mexicano debería dirigirse al desmantelamiento de las múltiples redes de corrupción documentadas ampliamente en éste y otros sexenios como el desvío de más de 15,000 millones de pesos en Segalmex. No a quienes las investigan y denuncian con pruebas documentales”, señaló. La organización, quien ha publicado actos de corrupción en el actual gobierno, enfatizó que en un régimen democrático no debería haber espacio para la “persecución con fines políticos de quienes evidencian problemas que el gobierno debe resolver”. Mencionó que, quien denuncia un acto de corrupción, no debe ser ni adversario ni enemigo del gobierno, sino “un aliado para enfrentar la terrible lacra que sigue tan presente como siempre en el país”.

Esta organización ha difundido investigaciones en las que se exponen actos de corrupción, como la llamada ‘Casa Gris’. En esta publicación se denunció que José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, habitó una residencia de un ejecutivo de Baker Hughes, compañía que recibió contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) por 150 millones de pesos. No es la primera vez que hay investigaciones en contra de la organización, fundada por Claudio X. González, quien en las elecciones del 2 de junio apoyó a la candidata de la oposición Xóchitl Gálvez. En mayo pasado, se acusó a María Amparo Casar de cobrar de forma indebida una pensión de más 31 millones de pesos por presuntamente ‘manipular la causa de muerte’ de su esposo.

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