Prisión preventiva oficiosa: controversia del sistema jurídico mexicano.
Francisco González y los Expedientes X: ¿instrumentos de extorsión y tortura?.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), máximo órgano jurisdiccional
del sistema judicial mexicano, retiró la prisión preventiva oficiosa a los delitos de
tipo fiscal, el contrabando, y facturación simulada, con lo que incrementó la
controversia existente en torno al polémico tema. Durante mucho tiempo ha sido
cuestionada la prisión preventiva oficiosa en virtud de que ésta constituye una
especie de prejuzgamiento o sentencia anticipada, que atenta contra los derechos
humanos fundamentales y la presunción de inocencia que tiene a su favor todo
inculpado, y que están reguladas en la Constitución de México así como en los
tratados internacionales de los que nuestro país es parte. Es decir, dicha figura
jurídica ha sido criticada porque es prácticamente inconstitucional y contraviene a
las convenciones internacionales.
Durante la actual administración gubernamental federal este tema ha sido
particularmente escabroso para el Poder Judicial, pues el presidente Andrés
Manuel López Obrador se ha manifestado renuente a la desaparición de la
controversial medida, lo que ha obligado al ministro presidente de la SCJN y a
otros miembros de ese alto tribunal a ceñirse en cierto modo a las pretensiones
del mandatario, ya que el intervencionismo y las presiones del presidente López
Obrador hacia el aparato judicial han sido constantes desde el inicio de su gestión
presidencial. Aún es temprano para saber si la prisión preventiva oficiosa
continuará vigente en México por mucho tiempo. Lo cierto es que el relevo
presidencial que ocurrirá en las elecciones del año 2024 podría constituir un golpe
de timón que permita al Poder Judicial no solo recuperar el grado de autonomía e
independencia que tenía antes del gobierno del presidente López Obrador, sino
también eliminar la cuestionada prisión preventiva oficiosa, considerada por
algunos como un grave error del sistema jurídico mexicano.
La reciente detención bajo cargos de tortura, efectuada contra Francisco González
Arredondo, ex coordinador de la llamada Operación Justicia para Chihuahua
durante el gobierno de Javier Corral Jurado, constituye una muestra más de las
reiteradas quejas y señalamientos que dicho operativo recibió durante y después
de la administración del gobernador Corral. González Arredondo fue, junto con el
ex-Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche Espejel, uno de los
principales operadores de los coloquialmente llamados Expedientes X, es decir, de
los procesos de investigación que al amparo de la Operación Justicia para
Chihuahua y por órdenes del entonces gobernador Corral fueron implementados
contra el ex-gobernador César Duarte Jáquez y varios ex-funcionarios que
colaboraron con éste durante su desempeño al frente del gobierno de Chihuahua.
Desde el comienzo de la Operación Justicia para Chihuahua diversos medios de
comunicación, analistas políticos y ciudadanos descalificaron al citado operativo
por considerarlo como una estratagema de Javier Corral, que más allá de la
impartición de justicia tenía como verdadero objetivo la ejecución de una venganza
personal con claro sesgo político-electoral contra su antecesor César Duarte y
varios ex-funcionarios públicos o ex-colaboradores.
En su momento, algunos de los implicados y detenidos con motivo de los
Expedientes X instrumentados y operados bajo las órdenes inmediatas de
González Arredondo, denunciaron públicamente las violaciones a sus derechos,
así como las vejaciones, violencia y tortura de los que fueron objeto por parte de la
Fiscalía General del Estado antes de sus detenciones, durante éstas y en el
desarrollo de los procesos judiciales que les fueron instaurados. El exlíder del
SNTE, Alejandro Villarreal, el ex-auditor Jesús Esparza y el ex-secretario de
Educación, Marcelo González Tachiquín, entre otros, son algunos de los ex
–funcionarios que señalaron públicamente tales abusos. Hoy, la detención de
González Arredondo, a quien se le imputan actos de tortura, parece confirmar
todas las suspicacias y señalamientos que desde su origen generó la tristemente
célebre Operación Justicia para Chihuahua.