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La política, por definición, no entiende de lealtades internas ni de puntos de vista inmóviles. Todo cambia según la circunstancia del momento que se vive. En ese contexto, Alejandro Gertz Manero fue removido. No presentó su dimisión porque no quiso; de hecho, la escenificación del relevo en la Fiscalía General de la República fue, en sí misma, la confesión de que él no tenía intención alguna de dejar el cargo.
¿Por qué se fue? ¿Qué hizo? ¿Por qué terminó, en realidad, esa especie de licencia indefinida que pareció disfrutar desde el mismo día en que el Julio Scherer Ibarra (entonces consejero de Presidencia) le llevó un pastel con nueve velas simbolizando los años de su mandato?
Era el primer fiscal general “independiente” cuyo periodo, aunque iniciado a petición de un gobierno, se concibió como transversal entre sexenios y, sobre el papel, intocable. Con ese respaldo de nueve años garantizados y la idea de que su nombramiento lo blindaba de presiones políticas, parecía sentirse con el privilegio de convertirse en un punto y aparte. Pero nunca en la historia las cosas salen como se piensan o como se proclaman. Salen como pueden, considerando todo lo que las rodea.
Su salida fue tan relevante que provocó incluso una declaración pública en la revista Proceso, firmada por quien fuera responsable directo de su nombramiento —el ex consejero jurídico— y por su hijo, hoy diputado y primer lugar en la lista plurinominal de los verdes. Ambos se vieron arrastrados por los enconos personales del ya ex fiscal general de la República. ¿Por qué ocurrió eso?
Sin duda, por los méritos propios de una personalidad tan experimentada en la vida como en la política, como lo fue la del ex fiscal Gertz Manero. En medio de aquel movimiento de piezas políticas, no se supo evaluar a tiempo quién estaba realmente cerca del corazón —o por lo menos de las necesidades políticas— de la presidenta.
En estos trayectos, desde que se hizo historia, personas como el antiguo secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, mientras la hoy presidenta ocupaba la jefatura de Gobierno, generaron vínculos que traspasaron el tiempo y los sexenios. El fiscal no quería irse y lo demostró hasta el final. El informe, las relaciones con Rocha, el manejo del caso Rocha y el uso conveniente de los recursos de inteligencia en manos del favorito del gobierno hicieron el resto.
Hoy, toda la aplicación de la justicia se encuentra en manos de quienes están más cerca de la presidenta y de su círculo de confianza. Ahora habrá que esperar qué hacen y cómo lo hacen. Habrá que observar dónde se traza la línea entre el arquitecto del clima político que permitió la llegada de los ministros de la Suprema Corte —resultado de un complejo ensamblaje institucional— y las necesidades de un gobierno cuyo verdadero programa apenas comienza, porque lleva sólo 13 meses en funciones. Ese programa debe definir las características, las garantías y la recuperación de una justicia competitiva para el país.
Tras el relevo en la Fiscalía General de la República, es cuestión de tiempo para que en Palacio Nacional —y no en ningún otro sitio— se determine cuál será el entorno que ofrezca certezas suficientes para seguir depositando inversiones en México.
En conclusión, no es difícil anticipar que, más pronto que tarde, habrá ajustes. No necesariamente en la composición de la Suprema Corte, pero sí en la política judicial y en los límites de lo que los ministros pueden y no pueden hacer. Desde poco después de Roma, la figura de “cosa juzgada” (res iudicata, en latín) ha sido un pilar de cualquier ordenamiento jurídico. Hoy, en la justicia derivada de la elección popular —y, sobre todo, en la adaptación constante a las necesidades políticas de cada momento— esa garantía ha comenzado a desaparecer. Todo puede ser reabierto, reinterpretado o juzgado según la conveniencia del clima político.
Esto, como comprenderán, será decisivo en la regulación del T-MEC. Ya lo es. Y será clave para convencer a la ciudadanía y al mundo de que, pese a los problemas, México sigue siendo un país donde los derechos individuales gozan de garantías reales dentro del ordenamiento jurídico.
No hay que cometer el error —aunque el planteamiento se haya repetido mil veces— de creer que nadie, incluido el fiscal, está por encima de la coyuntura política. Tampoco se puede suponer que, por haber surgido de un diseño institucional impecable, alguien podrá sostenerse al margen del clima y las tensiones que definen la jurisprudencia nacional.
Todo lo anterior es contrario al sexenio, a la presidencia y, sobre todo, al balance histórico que, inevitablemente, esta administración querrá dejar. Y cuando llegue el inevitable momento de sacar las cuentas –que siempre llega– a Gertz lo perseguirá la pregunta: ¿qué ocurrió con la estructura jurídica del país y, ligado a ello, con las garantías de inversión que sostienen su desarrollo?
