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El jueves pasado, Héctor de Mauleón publicó información sobre dos nuevos audios de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, en los que ella ofrece informar a agencias estadounidenses, incluso de lo que se discute en las mesas de seguridad. Esas filtraciones han avivado el pleito que tiene la gobernadora con su antecesor, Jaime Bonilla, en el que ambos se acusan de relaciones con el crimen organizado.
Ese mismo día, fue detenido con lujo de violencia Ernesto Ruffo Appel, quien fuera gobernador de ese mismo estado hace más de 30 años. Se le acusa de contrabando de combustible, en una investigación que lleva cerca de un año y en la que Ruffo mismo ha colaborado. Por su edad, el tipo de delito, el grado de participación y su colaboración en la investigación, supongo que debieron haberlo arraigado en caso de tener pruebas, pero prefirieron actuar como si Ruffo fuese el líder de ese inmenso robo en el que hay tantos morenistas involucrados, según evidencia pública, que no han sido molestados.
De acuerdo con el semanario Zeta, la fiscalía había solicitado órdenes de aprehensión el 22 de junio, pero el juez consideró que no había pruebas suficientes y optó por no emitirlas. El 13 de julio, la fiscalía volvió a solicitarlas, pero a otra jueza, esta proveniente de las elecciones del año pasado; es decir, sin conocimientos ni experiencia, pero mucha lealtad. Ya no se trataba de contrabando de combustible, sino de delincuencia organizada, por lo que aplica prisión preventiva oficiosa.
De esta manera, Ruffo ya no es considerado inocente hasta que se pruebe lo contrario, sino culpable, y él tendrá que demostrar su inocencia. Esto invierte la esencia de la impartición de justicia, porque fiscalía y jueza son lo mismo. Dicen que quien acusa tiene que probar, pero esto deja de ser cierto cuando quien evalúa las pruebas es aliado de la parte acusadora. Esta era la gran amenaza de elegir jueces.
No tengo idea de los negocios de Ruffo Appel, pero me sorprende que una investigación que contó con su colaboración y el 22 de junio no estaba sustanciada, tres semanas después se haya transformado en la demostración de una conspiración capaz de opacar los 200 mil millones de pesos al año que ha producido el contrabando de combustible encabezado en su momento por Sergio Carmona, en cuyo avión volaba Mario Delgado y de cuyos fondos se alimentó Morena en las elecciones desde 2021.
En esa investigación, la culpabilidad recayó en militares que hoy están prófugos, en jefes navales sobrinos del secretario de Marina, y se han documentado nexos con gobernadores, senadores y funcionarios federales gracias al trabajo de periodistas.
No queda sino entender la detención de Ruffo como el intento desesperado de quitarle presión a Marina del Pilar Ávila, alejar el foco de Morena y aprovechar para apuntar a la oposición: el PAN, en el que Ruffo militó por años, y Somos México, donde ahora ha colaborado. Digo que es un intento desesperado porque la detención ha causado un efecto contrario en Baja California y porque, a pesar de contar con subordinados con el título de juez, no parece fácil que la fiscalía pueda convencer de ese cambio sustancial en su investigación en tres semanas, cuando prácticamente al mismo tiempo despidió o renunció a dos fiscales y la fiscal general se encuentra mal de salud.
Mientras ocupan su tiempo de esta forma, continúan las matanzas, las desapariciones y los procesos legales en Estados Unidos. Ya todos sabemos que a Morena lo único que le interesa es el poder y el dinero, pero todo indica que su incapacidad es de tal magnitud que ni siquiera habiendo destruido las instituciones serán capaces de perpetuarse. Eso sí, habrá gran pataleo durante el hundimiento.
