El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar posibles irregularidades en contrataciones realizadas durante los últimos 10 años, incluyendo las administraciones de Lorenzo Córdova y Guadalupe Taddei, ante los señalamientos de una presunta red de corrupción relacionada con proveedores del organismo. La denuncia busca identificar a todas las personas que pudieron haber participado, facilitado o encubierto operaciones irregulares, así como determinar si existieron beneficios económicos indebidos.
La petición ocurre después de que se difundieran videos y reportajes sobre presuntos vínculos entre Taddei, funcionarios electorales y el empresario Alfredo Hernández Casillas, relacionado con empresas que obtuvieron contratos millonarios para suministrar materiales y servicios electorales. Los señalamientos también alcanzaron procedimientos de contratación relacionados con la producción de credenciales para votar y otros insumos utilizados durante procesos electorales.
Entre las solicitudes realizadas a la FGR destaca la preservación inmediata de expedientes contractuales, comprobantes de pago, registros y archivos físicos y electrónicos, con el propósito de evitar su posible destrucción, pérdida o alteración. El INE también pidió revisar las operaciones financieras relacionadas con los proveedores y obtener las grabaciones originales que han circulado públicamente para determinar su autenticidad y conocer el contexto completo de las conversaciones.
La denuncia contempla seis posibles conductas delictivas que deberán ser investigadas, entre ellas uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. El organismo electoral busca que las autoridades determinen si existieron acuerdos para favorecer a determinadas empresas, distribuir contratos o generar ventajas económicas indebidas mediante decisiones tomadas por servidores públicos.
Por su parte, el INE también acordó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión integral de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondientes al periodo 2016-2026, además de implementar medidas para resguardar documentación y recibir denuncias anónimas de posibles irregularidades. Las investigaciones deberán establecer si existen responsabilidades administrativas o penales, mientras el organismo enfrenta el desafío de recuperar la confianza pública y garantizar que sus actividades rumbo a las elecciones de 2027 no se vean afectadas.