Pongamos todo en perspectiva // Carlos Villalobos

La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum no fue derrotada por la oposición, fue derrotada por algo más incómodo, la ruptura interna dentro del propio bloque que la llevó al poder. En la Cámara de Diputados, la iniciativa quedó lejos de la mayoría calificada necesaria para cambiar la Constitución, apenas 259 votos a favor cuando se requerían 334, después de que partidos aliados como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde decidieran no respaldarla.

El detalle no es menor, ya que durante años, la narrativa descansó en la idea de un bloque compacto, Morena, PT y Verde caminando en la misma dirección. Esa fórmula permitió construir mayorías legislativas, aprobar reformas y e impulsar los proyectos del expresidente Andres Manuel López Obrador y la primera fase del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, cuando apareció una reforma estructural, impulsada por la propia presidenta, una que toca financiamiento a partidos, representación proporcional y reglas del sistema electoral, tanto el PT como el Verde decidieron darle la espalda al movimiento que tanto les ha dado. Dentro de este panorama, el PT fue particularmente claro desde el principio. Sus dirigentes señalaron que no acompañarían la reforma porque, a su juicio, “alteraba el equilibrio del sistema político y podía favorecer una concentración excesiva del poder”. Dicho de otra manera, cuando la reforma tocó elementos que afectan directamente la supervivencia de sus intereses, la alianza ideológica que en el papel es “natural”, encontró su límite.

Los llamados partidos aliados, o más bien “partidos satélite”, suelen acompañar proyectos de poder mientras ese poder garantiza su propia permanencia. Pero cuando una reforma amenaza su espacio de representación, la lealtad se vuelve negociable y eso fue exactamente lo que ocurrió.

La iniciativa proponía reducir costos del sistema electoral, recortar financiamiento a partidos y modificar algunos mecanismos de representación. En términos de discurso público, era una reforma que buscaba eliminar privilegios y racionalizar el gasto electoral. Cosa que pareció sentencia de muerte para partidos como el PT o el Verde.

La presidenta ha optado por una lectura institucional del episodio y ha señalado que no lo considera una traición, sino simplemente “puntos de vista distintos”. Obviamente, fiel a su estilo, es una respuesta prudente. Ningún gobierno gana nada declarando públicamente que sus aliados lo abandonaron.

Luego de lo ocurrido, a partir de ahí aparece el siguiente movimiento político, el llamado “Plan B”. Una ruta alternativa para modificar leyes secundarias que no requieren mayoría constitucional y que permitirían avanzar parcialmente en los objetivos de la reforma.

Pero incluso ese camino depende de algo que ahora ya no es automático, la disciplina de los aliados. Mientras el objetivo es ganar elecciones, la unidad es fácil, cuando llega el momento de redistribuir poder real, comienzan las diferencias y el PT y el Verde, sacaron el cobre.

El episodio deja una pregunta incómoda para el futuro inmediato. Si la alianza que sostuvo el proyecto político más poderoso de la última década se fractura cuando una reforma toca intereses concretos ¿qué ocurrirá cuando lleguen decisiones todavía más profundas?

De momento, hoy los autollamados “100% obradoristas” ya se expusieron.

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