VIOLENCIA VERBAL Y OMISION EN SEGURIDAD
POR ERNESTO AVILES MERCADO*
Las expresiones airadas de reclamo por parte de la gobernadora Maru Campos, a la Secretaría de Seguridad Publica Federal y en ella a toda la estructura de seguridad de la Federación, por las omisiones criminales que mantienen en contra de la propia ciudadanía y en abierto apoyo a las organizaciones delictivas que operan en todo México, son, sin duda la expresión más genuina que se ha escuchado por parte de la representante de un Estado, que al igual que el resto de las Entidades, tienen que atender las responsabilidades federales, ante el abandono infame del Gobierno de López Obrador.
El tema de seguridad en la Republica, que se atiende contando los hechos o las personas fallecidas en el país a las 6 de la mañana todos los días en las reuniones del gabinete de seguridad, donde, además se ignoran los hechos que se suceden de manera trágica y que cobran la vida de cientos de personas en México, de las cuáles, una gran parte son hombres y mujeres jóvenes, ha sido una constante en el desarrollo de la presente administración del gobierno federal.
Nuestro país se ha convertido en un depósito gigantesco de cadáveres con más de 180 mil personas asesinadas en el gobierno de López Obrador, sin contar con la lista rasurada de personas desaparecidas que siguen aumentado la cifra de 50 mil, todos los cuales formaban parte de una familia, con hermanos, primos tíos y amigos, pero además con muchas madres que continúan buscándolos a costa de sus propias vidas.
El humanismo que debería caracterizar a los gobernantes en turno ha sido desplazado por el interés político que ordena mantener el poder, por encima de cualquier costo.
Resulta extremadamente difícil entender los propósitos gubernamentales de no intervención ante las oleadas de criminalidad que afectan no solo la imagen de nuestro país, sino de manera directa los principales factores económicos, sociales culturales y de convivencia entre los mexicanos.
El pacto federal que se estableció entre todas las entidades para fortalecer el gobierno de la República, desde donde se apoyaría el desarrollo integral de los 32 estados, no se ha cumplido, al contrario, se ha limitado a destinar inversiones gigantescas en la construcción de infraestructura que no es costeable en el mediano y largo plazo y que está destinado a recibir subsidios gubernamentales de manera permanente para su funcionamiento.
El canalizar la mayoría de los recursos financieros del gobierno para afianzar sus propósitos de mantener el poder, no justifica el abandono y la omisión que se hace en materia de seguridad, porque es la peor inversión que se puede hacer por parte de un gobierno; el ceder los espacios físicos y de control político regional, fortalece a los carteles, a quienes no se les puede exigir lealtad ni compromiso, porque siempre buscaran como lobos hambrientos acrecentar sus ganancias a costa de lo que sea y de quien sea.
Si las formas son el fondo, el reclamo de Maru Campos al gobierno Federal, encuentra su razón de ser, en el interés de trabajar en favor de la ciudadanía y no dejar de actuar ante los reclamos de justicia que se suceden diariamente en todas y cada una de las regiones del país; se puede no estar de acuerdo con las expresiones, pero jamás con el legítimo reclamo de exigir compromiso, acción y resultados, en lugar de omisión, abandono e irresponsabilidad.
No existen fórmulas para terminar en el corto y mediano plazo con las estructuras de las bandas delictivas que operan en México, porque sus raíces están muy profundas y el reclutamiento es permanente, con jóvenes en su mayoría, que les ofrecen poder y dinero, sin que existan contrapesos por parte de las autoridades.
Pero lo que sí se puede hacer, es seguir la ruta del dinero que les permite operar, ya que además de que utilizan el sistema bancario nacional, los carteles han diversificado sus actividades y sus principales transacciones las realizan en efectivo, pero si en verdad la Unidad de Investigación Financiera, operara en función de detectar movimientos irregulares con grandes sumas de dinero, en lugar de servir como alfil político-electoral, se les limitaría mucho su capacidad de actuación.
FISCALIA DE LA MUJER EN CHIHUAHUA
El anuncio de la apertura de oficinas de la fiscalía de la mujer en la zona de NCG, refleja un interés importante por acercar la justicia de genero a esta importante región, sin embargo, a pesar de contar con el techo financiero suficiente, dada la aprobación del presupuesto presentado por la fiscalía ante el congreso, las condiciones en las que se pretende trasladar al grupo de ministerios públicos especializados, no incluyen incentivos económicos en sus salarios, ni viáticos de traslado, mucho menos vehículo para desarrollar con más eficiencia su trabajo; pareciera se les olvidara a los altos mandos que las MP’s son esposas y madres de familia que tienen responsabilidades y que a pesar de que traen bien puesta la camiseta, no les vendría mal que se les contemplaran estímulos económicos, que mucho les ayudaría.
De igual manera, los agentes ministeriales que trabajan las investigaciones de la Fiscalía de la mujer, en muchos de los casos tienen que utilizar sus propios vehículos, porque continuamente les piden faciliten las unidades comisionadas a los mandos que necesitan escoltas cuando salen de sus casas al trabajo y viceversa, salen a otro municipio, etc.
Las condiciones en las que trabaja la Fiscalía de la mujer no son totalmente las adecuadas, sin embargo, la responsabilidad y profesionalismo que se demuestra desde las coordinaciones, hasta las mesas de trabajo, reflejan que los resultados, que podrían ser mejores.
Ojalá y el compromiso que reitera la gobernadora Maru Campos, en el renglón de seguridad, no quede solamente con el brindar apoyos extraordinarios únicamente para los policías, sino que se amplíen a quienes procurando justicia, son los que se quedan sin recibirla…ojalá.
PD.
Durante la asamblea de la Federación de Abogados, llevada a cabo en las magníficas instalaciones de la CANACO, se invitó a Luis Villegas Montes, quien hablo de la importancia de razonar el voto en las próximas elecciones, valorar la importancia de la participación social y analizar el entorno social que se presenta en nuestro país para definir el rumbo que queremos para nuestro país.
*ABOGADO LITIGANTE, MIEMBROS DE LA FECHCA Y LA AECHIH.
—