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HABLANDO Y ESCRIBIENDO
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO
Finalmente, la decisión de cambiar a todos los jueces y magistrados del TSJ de Chihuahua, para el próximo año 2025, fue aprobada por la mayoría de los legisladores locales, además de las alcaldías de Juárez y Chihuahua capital, ante la zozobra generada por las declaraciones de Alfredo Chávez, así como la magistrada presidenta Miryam Hernández, en el sentido de que no se pagarían las cantidades estratosféricas que se pretendían y solamente se les entregaran sus haberes de retiro por 7 años a quienes les corresponde.
El jubilar a los jueces y magistrados con el 100% de sus haberes, nunca fue el sentido de la reforma, los proyectos de vida de los juzgadores que pensaban que podrían alcanzar su retiro con todas las prestaciones que en este momento reciben, representaría otro gasto extraordinario fuera del alcance de las circunstancias económicas de la actual administración.
De no haberse aprobado así, el Estado hubiera tenido necesidad de endeudarse aún más de lo que ya está, para sacar adelante los haberes de los juzgadores.
El irresistible deseo de meter la mano al Poder Judicial, nuevamente se hace presente en esta administración de gobierno, al cambiar la totalidad de los cargos de juzgadores y magistrados en una sola elección y no de manera escalonada como lo harán en el Poder Judicial Federal.
Recordemos que Cesar Duarte, en noviembre del 2014, jubiló de manera anticipada y sin reforma judicial a 13 magistrados con cargo al erario estatal, mientras que Javier Corral, hiciera lo propio, al cambiar a 7 magistrados y 51 jueces, en el más sucio cochinero del que se tenga memoria, la actual gobernadora, Maru Campos, mediante reforma constitucional, también logró incorporar a tres nuevos magistrados.
En una anécdota atribuible a un ex gobernador de Chihuahua, le pedía a su sucesor que le concediera solamente dos cargos de su gobierno: uno era la Fiscalía y el otro la Presidencia del Poder Judicial.
Era claro que pretendía asegurar que a su salida no sería perseguido, ni llevado a juicio.
Hasta antes de los cambios ordenados por Cesar Duarte, la figura de los magistrados era reconocida por propios y extraños, sus sentencias se entendían cimentadas por el gran estudio, experiencia y derecho comparado con el que se enriquecían sus resoluciones, la lectura que se hacía de ellas, reflejaban el conocimiento integro de lo que se analizaba; eran tiempos donde el derecho florecía de manera importante.
Los comentarios de los litigantes eran de reconocimiento a la gran capacidad jurídica de los magistrados, en la mayoría de los casos, sobrepasaron las expectativas que se esperaban de sus sentencias.
Hoy, desgraciadamente ya no es así.
Los comentarios que se escuchan sobre la corrupción en la segunda instancia, recuerdan lo que un maestro decía en su catedra: “Jamás vendan la justicia porque primero están sus principios y valores como juzgadores, pero si la llegan a comercializar, véndala cara, nunca abaraten la justicia”
Los gobernadores perdieron de vista los requisitos de probidad, buen nombre, capacidad jurídica, trayectoria profesional, reconocimiento de sus pares, para dar paso al compromiso personal o de grupo, al familiar, al pago de deudas políticas, al arreglo entre partidos, a la incondicionalidad ciega, antes de la capacidad profesional.
No se entiende todavía que no hayan retirado al magistrado Héctor Javier Talamantes Abe, extraordinario jurista, quien padece de una enfermedad terminal y aunque aseguran que asiste a su oficina, es evidente su incapacidad para realizar su trabajo, se debería de pagar como magistrada a la eficiente secretaria que saca la chamba, mientras que el titular, por humanidad, debería ser objeto de reconocimiento y quedarse en casa.
Al igual que las magistraturas, los gobernadores reparten notarías como aguinaldos.
La falta de oportunidades, aunado al consumo de drogas y corrupción en las estructuras policiacas y de procuración de justicia, son las principales causas de la delincuencia. No se puede combatir a las bandas del crimen organizado, con leyes para delincuentes comunes u ocasionales.
¿Una persona que es detenida al momento de colocar una manta sobre un puente, no pertenece a una banda criminal, que debería ser juzgada como delincuencia organizada?
La transparencia en la procuración de justicia con delitos de alto impacto, que solicitan audiencias privadas y en total opacidad, no se hace público el acuerdo que se alcanzó, sin duda es señal de irregularidad.
Con la dinámica de trabajo que le ha impreso a la fiscalía y la difusión que han logrado con los resultados, cualquiera diría que Cesar Gustavo Jauregui Moreno, se prepara para la alcaldía de la capital, que por experiencia y confianza de la gobernadora, no sería totalmente una sorpresa.
Sin duda los tiempos cambian, pero las prácticas políticas permanecen como barreras infranqueables, porque primero es el cargo y después la persona, cuando debería ser totalmente al revés.
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