CHIHUAHUA.- El gerente general de la planta cervecera Heineken en Meoqui, Eusebio Reynoso Razo, engaña con pagarés «infinitos» a sus trabajadores, según denunciaron ellos mismos. A pesar de recibir abono constante, la deuda se mantiene intacta. Debido a que solamente él y personal de Monterrey pueden acceder al sistema SAPR3, donde se almacenan los registros de pago, su modus operandi es esperar al término de plazo acordado para demandar a los presuntos deudores.
Durante una manifestación pacífica en Plaza Hidalgo, frente a Palacio de Gobierno, el asesor jurídico de la Federación de Comerciantes de Vinos y Licores, Manuel Chávez, dio a conocer los cobros excesivos que experimentan quienes obtienen créditos por medio de la plataforma FBA, la cual otorga apoyos para los negocios de vinos y licores, ya sea, entre algunas cosas, para agilizar la apertura o para comprar mobiliario.
Si bien (refirió) la FBA aprueba créditos por hasta 90 mil o 100 mil pesos, el documento firmado estipula el doble de cantidad. Una vez concedido el préstamo, el sistema SAPR3 se encarga de llevar a cabo el registro de los abonos.
Y ahí (remarcó) es donde radica la problemática, pues, a pesar de cumplir los períodos, el pagaré suele llegar a su término, sin cubrirse por completo, aumentado en lugar de disminuido, y Reynoso Razo procede a demandar a los trabajadores. En la actualidad 140 de ellos se encuentran demandados, emplazados o les han embargado vehículos, propiedades u otro patrimonio.
Chávez reconoció que, a pesar de que el pagaré cumple lo establecido por la Ley, los afectados buscan sanciones penales por el delito de fraude. Mencionó que, en repetidas ocasiones, cuando alguien abona en cierta fecha y acude con el gerente general para comprobar la deuda restante, los documentos oficiales no suelen restar la cantidad proporcionada, pues Reynoso Reza suele registrarlo no como abono, sino como ayuda externa. En consecuencia, sentenció: «Al término de los años, sigues debiendo el mismo documento».
Por último, en voz de los trabajadores, solicitó apoyo de la administración estatal, en especial del secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, para que conozca los contratos, las inconsistencias e intervenga en la situación.