El director de Desarrollo Rural del Municipio de Chihuahua, Armando Gutiérrez, aseguró que no existe conflicto alguno entre los productores agrícolas y ganaderos de la capital con respecto a la aplicación de la Ley de Aguas Nacionales, luego de que se lograran acuerdos con instancias federales como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).
El funcionario explicó que, si bien en un inicio la ley generó incertidumbre, incongruencias y temor entre la gente del campo —principalmente por el uso, concesión y regularización del agua—, actualmente se ha avanzado en el diálogo institucional para establecer reglas claras y condiciones más justas para los productores del municipio.
Armando Gutiérrez destacó que las mesas de trabajo permitieron aclarar puntos que habían sido mal interpretados o que no tomaban en cuenta la realidad del sector rural, especialmente en una región como Chihuahua, donde la escasez de agua y las sequías prolongadas representan un reto constante para la producción agrícola y pecuaria.
Indicó que uno de los principales acuerdos fue escuchar las inquietudes de los productores y canalizarlas ante Conagua y SADER, con el objetivo de que las posibles modificaciones a la normativa no afecten la actividad productiva ni pongan en riesgo el sustento de las familias del campo. En ese sentido, subrayó que el Municipio ha fungido como intermediario para defender los intereses locales y garantizar certeza jurídica en el uso del recurso hídrico.
El director de Desarrollo Rural añadió que se continuará brindando asesoría y acompañamiento a ejidatarios, pequeños propietarios y ganaderos para que conozcan sus derechos y obligaciones, además de promover el uso eficiente del agua y prácticas sustentables que permitan hacer frente a la crisis hídrica.
Finalmente, reiteró que el diálogo se mantiene abierto y que, hasta el momento, la relación con los productores del municipio es de colaboración y confianza, descartando cualquier escenario de confrontación o afectación directa al sector rural por la aplicación de la Ley de Aguas Nacionales.
