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El senador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ángel García Yáñez, reafirmó su compromiso con la defensa del campo mexicano y con garantizar un acceso digno y expedito a la justicia para todos los ejidatarios y campesinos del país.
Por ello, presentó dos iniciativas en la Cámara de Senadores que buscan evitar que el sistema judicial agrario colapse debido a la falta de recursos y atención, lo que podría vulnerar los derechos de miles de mexicanos por decisiones administrativas. Esto, ante la inminente desaparición de varios Tribunales Unitarios Agrarios en distintos puntos del país y el retraso en la ratificación de magistrados.
El legislador expuso la crisis que enfrenta la impartición de justicia agraria debido a la falta de presupuesto y la reestructuración de los tribunales, situación que pone en riesgo el acceso a la legalidad de miles de campesinos y ejidatarios en el país. «Se está negando a las comunidades rurales la posibilidad de defender su tierra, derechos e identidad», enfatizó.
En su proposición con Punto de Acuerdo, García Yáñez exhortó de manera respetuosa a la titular del Poder Ejecutivo Federal y al Tribunal Superior Agrario a que analicen debidamente el presupuesto asignado a estos órganos y se garantice su operación, evitando la desaparición de juzgados que son la primera instancia en la defensa de los derechos ejidales y comunales.
Según los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación entre el 1 y el 6 de enero de 2025, se contempla el cierre de tribunales clave en Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca, Sinaloa, Campeche y Guerrero, lo que dejaría desprotegidos a miles de campesinos. «Son más que oficinas de trámites; son la garantía de que las comunidades tengan un respaldo legal en sus conflictos territoriales. Cerrarlos significará mayores costos para los campesinos, que deberán trasladarse hasta otros estados para resolver sus problemas, sin mencionar el rezago que ya existe en la impartición de justicia. Estamos hablando de una decisión que afectará la economía, la paz social y la estabilidad del campo mexicano», advirtió García Yáñez.
El legislador detalló en el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado que, al finalizar el 2023, había 101,936 asuntos agrarios en trámite, y 48,245 de ellos seguían sin resolución.
Además de esta problemática, el senador priista también presentó un exhorto al Poder Ejecutivo Federal para que envíe al Senado el listado de magistrados y magistradas agrarios cuyos nombramientos están pendientes de ratificación. Explicó que hay ratificaciones con más de cinco años de retraso, lo que pone en duda la transparencia y legalidad en la administración de justicia agraria en el país.
«Es fundamental asegurar que quienes imparten justicia lo hagan con legalidad, imparcialidad y eficacia. No podemos permitir que esta situación siga en el limbo, dejando vulnerables a las comunidades y a los propios tribunales, donde la falta de certeza sobre quiénes ocupan los cargos afecta la toma de decisiones y el debido proceso», indicó.
Según el marco legal vigente, los magistrados agrarios deben ser evaluados por el Senado para determinar si cumplen con los requisitos de idoneidad y desempeño en sus funciones. Sin embargo, el rezago en este proceso ha generado incertidumbre y pone en riesgo la estabilidad institucional de los Tribunales Agrarios, explicó el senador priista de Morelos.