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El 18 de marzo de 1938 se ha convertido en una fecha emblemática para el calendario cívico de la impresionante narrativa nacionalista derivada de la Revolución. La expropiación de la industria petrolera representa un engranaje que ayudó a mover la maquinaria que sustentaba al Estado mexicano por décadas y cuyo significado simbólico funcionó para otorgarle un manto de legitimidad a los regímenes en turno.

El 18 de marzo nos habla implícitamente sobre el papel del Estado frente a vejaciones de empresas extranjeras, pero también sobre el rol que debe de tener el Estado en las vidas de los ciudadanos en general.

La evocación a esta fecha tan implantada en nuestra identidad colectica es útil para otorgar credenciales revolucionarias y nacionalistas a diferentes sexenios. Estas credenciales son símbolo de gran fuerza interna a pesar de las limitaciones históricas y persistentes del Estado mexicano a proveer bienes y servicios públicos a su población de manera eficiente. Más allá de estas limitaciones, el régimen político en México fue duradero y estable durante la mayor parte del siglo XX parcialmente debido a esta sustentación superestructural, puesto en términos Gramscianos, de este sistema político mexicano.

Esta vital narrativa nacionalista post-revolucionaria apenas y empezó a ser desafiada en la década de los 1980s cuando la retórica de una economía privada empezó a tener eco en ciertos espacios de la elite política mexicana. Es en esta época México se integra al General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT), firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y se une a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Esta nueva vertiente, a veces llamada neoliberal, se encuentra gravemente deslegitimada en contraposición del proyecto nacionalista todavía vigorosa en la agenda nacional.

Sin embargo, a décadas de distancia de la consolidación de una narrativa única conviene reconceptualizarnos el papel que debe de tener el Estado en nuestra vida social. Una tercera vía que realmente se integre a la falsa dicotomía que ha mantenido la dialéctica nacional a través de décadas. Conviene plantearnos una democracia social que sea competitiva en la provisión de bienes y servicios públicos y que haga frente a la perpetua crisis de gobernabilidad que este país ha tenido desde su creación. La gobernabilidad en términos contemporáneos debe de estar ligada a la incipiente democratización que vive este país desde hace décadas. No podemos regresar a un poder centralista y vertical porque no podría funcionar con las estructural culturales y legales que hemos construido.

Debemos de ser capaces de ya no condenar a las siguientes generaciones a repintar los mismos matices del mural de nuestra historia nacional. No reproduzcamos las mismas falsas dicotomías. Dejemos de romantizar el pasado y empecemos a tener más visión de Estado.

Dr. Omar Alejandro Loera

Profesor-Investigador de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Me puedes escribir a omar.loera@cide.edu