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El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, anunció la revocación de la ley marcial que él mismo había decretado apenas horas antes, bajo el argumento de proteger al país de «fuerzas comunistas». La decisión inicial había generado un fuerte rechazo en el Parlamento y desató una crisis política en Seúl.
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La ley marcial, decretada la mañana del lunes, otorgaba amplios poderes al Ejército para mantener el orden público, como una presunta medida de seguridad nacional ante lo que el gobierno describió como amenazas internas provenientes de sectores considerados cercanos a ideologías comunistas. Sin embargo, la Asamblea Nacional reaccionó con rapidez y calificó la acción como «desproporcionada y carente de fundamento democrático».
Con 190 votos a favor, el Parlamento aprobó una resolución para derogar la medida. Los legisladores argumentaron que el decreto socavaba los derechos civiles y la confianza en las instituciones democráticas del país. Diversos sectores de la sociedad surcoreana, incluidas organizaciones civiles y expertos en derecho, también expresaron su preocupación por la declaración de ley marcial, a la que denominaron como un acto de abuso de poder.
Horas más tarde, Yoon Suk-yeol cedió a la presión política y anunció el fin de la ley marcial. En un comunicado, afirmó que su intención nunca fue vulnerar la democracia, sino proteger la seguridad del país, aunque reconoció la importancia de mantener el equilibrio entre la seguridad nacional y las libertades civiles.
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