En lo que algunos académicos como Ortíz Mena han llamado un acto de autocensura en política exterior, México ha evitado continuamente ser parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU). Los beneficios y desventajas de ser miembro no permanente del CSNU se han discutido internamente desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945. En las primeras elecciones para ser miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebradas en 1946, México fue designado miembro no permanente por un período de un año. Sin embargo, la noción que prevaleció después de esta participación fue que era mejor privilegiar trabajar dentro de la Asamblea General de la ONU en lugar de participar en el CSNU. Se consideró que, debido a la estructura inherente del CSNU, cualquier tipo de participación en organismos internacionales violaba el principio constitucional de protección de la igualdad jurídica de los Estados. La participación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas probablemente pondría a México en la posición impopular de apoyar a los EE. UU. o causar fricciones innecesarias con la relación bilateral más importante de México en caso de que el país tuviera que ir en contra de iniciativas norteamericanas. Sin embargo, en 1980 México fue admitido nuevamente al consejo como candidato de compromiso para romper el impasse creado luego de 154 rondas de votación entre Colombia y Cuba.
El ingreso de México al consejo en 1980 fue una de las decisiones más trascendentales en la política exterior mexicana de la segunda mitad del siglo XX. México decidió asumir esta nominación porque su política exterior en ese momento era asertiva y consistente con un comportamiento emergente de potencia media. Por ejemplo, México poseía vastos recursos petroleros y fue un participante activo para contrarrestar la intervención estadounidense en las guerras civiles centroamericanas durante las décadas de 1970 y 1980.
En 1991, la administración del presidente Salinas, respaldada por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, decidió nominar a México como miembro no permanente del consejo para el bienio 1992-93. No obstante, esta decisión provocó una resistencia considerable en los círculos académicos y burocráticos que vieron en esta membresía un riesgo innecesario. Al final, la escalada de tensiones en el Golfo Pérsico convenció al gobierno de México de que el contexto internacional no era propicio para ser miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y declinó su postulación en apoyo a Venezuela. El gobierno de Salinas percibió que el país habría tenido un estrecho margen de maniobra en el consejo con un potencial conflicto en el Golfo Pérsico y, por lo tanto, optó por concentrar su atención en las negociaciones que llevaron a la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Siguiendo los lineamientos de la fórmula de Ojeda, expuesta en la columna de la semana pasada, una hipotética relación más estrecha con el vecino del norte fue interpretada como una limitante para la participación de México en organismos multilaterales, y habría erosionado las credenciales revolucionarias que fueron utilizadas como dispositivo de legitimación por el régimen. Por otra parte, un hipotético enfrentamiento con EE. UU. en plataformas multilaterales como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas habría amenazado el papel vital de EE. UU. como interlocutor político de México con otros actores internacionales.
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