El Congreso estatal aprobó modificar la Ley Estatal de Educación para implantar como obligación el fomento del buen uso del español, enfatizando el cumplimiento de reglas gramaticales y ortográficas, y estableciendo que se evite el lenguaje inclusivo.


La iniciativa, promovida por un diputado local, argumenta que la correcta expresión escrita es esencial para el desarrollo académico, cultural y social, y sostiene que el lenguaje inclusivo puede dificultar la comprensión y la fluidez lectora.

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Aunque hubo voces en contra, el dictamen fue aprobado para que las próximas generaciones accedan a mejores oportunidades con un dominio claro y eficiente del idioma.

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