Chihuahua, Chih.- La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSPJ), Miryam Hernández Acosta, aseguró que el juez Samuel Uriel Mendoza, elaboró un intento de tejer una narrativa mediática con el propósito de eludir los procedimientos administrativos pertinentes, al denunciar amenazas e intimidación por parte del Poder Judicial, así como de, socavar su independencia Judicial, a lo que Hernández Acosta, calificó de “manotazos desesperados”, y negó rotundamente las acusaciones e indicó que, estás solo sirven a intereses oportunistas que buscan minar la estabilidad del Poder Judicial.
El juez Samuel Uriel Mendoza, en su derecho de replica, respondió por medio de un escrito dirigido a Pausa.MX, a las acusaciones y negaciones de la magistrada presidenta, a continuación se presenta una transcripción integra del documento firmado por el juez:
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«Un pilar del derecho y del debido proceso, es el principio de Derecho Romano ´e incumbit, probatio qui dicit, non qui negat´, que si bien literalmente podemos traducir como ´el que afirma esta obligado a probar´, es el origen del principio de presunción de inocencia, con base en cual, las personas son inocentes hasta tanto no se compruebe lo contrario.
Ahora bien, a la entrada de todos los tribunales del Poder Judicial de la Federación, se encuentra bruñido en letras doradas en una placa de bronce, la siguiente cita de José María Morelos y Pavón:
´Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y los defienda contra el arbitrario´
El punto de intersección del principio de presunción de inocencia, frente a los ataques arbitrarios, es la aspiración de contar con tribunales que escuche, amparen y defiendan, en Justicia.
El punto de intersección, en que se realice el debate y la resolución de los conflictos humanos ante tribunales justos, es la base sobre la que descansa todo Estado Democrático de Derecho, es la línea delgada que separa a un Estado de un Derecho, en el que el monopolio del poder coactivo lo detenta el Estado, en Justicia, de un estado de anarquía, arbitrariedad o violencia.
Como parte de la sociedad que conforma nuestro Estado Democrático de Derecho, los medios de comunicación, fungen una labor indispensable, tanto al brindar a todos una plataforma para la crítica y el debate, como al someter al escrutinio público a quienes conforman y detentan el poder público sean actores del poder Legislativo, Ejecutivo o Judicial.
Reconozco que en nuestra sociedad, toda persona que se sienta agraviada, por una autoridad, que se sienta víctima de una arbitrariedad, tiene el derecho tanto a la libertad de expresión como a denunciar,; mientras que a quien se denuncie, tiene el derecho a la presunción de inocencia, sin que le corresponda la carga de acreditar su inocencia, la cual le corresponderá desvirtuar con pruebas a quien le acuse, lo cual debemos respetar y alentar, con congruencia, en todos los casos, sin distinción, de quien denuncie o a quien se denuncie, de quien incomode o a quien se incomode.
Por lo anterior, no es mi deseo confirmar ni negar la existencia de ningún procedimiento legal, de cualquier índole en que me vea involucrado con cualquier cualquier carácter, sea con motivo de mi trabajo, sea como denunciado, sea como denunciante, por las razones expuestas, doy la bienvenida al escrutinio que se haga de mis actos con motivo de mi trabajo relacionados con mi trabajo o derivados de mi trabajo.
El escrutinio y la crítica me invitan a la auto crítica y a la reflexión, para lo que me corresponda para contribuir al fortalecimiento de Estado Democrático del Derecho del que formo parte y poner lo que este de mi parte, por que cada día podamos acercarnos un poco más, a hacer una realidad esa aspiración de ´que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y los defienda contra el arbitrario´ José María Morelos y Pavón»
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