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Noticias de Guadalupe y Calvo. –
Las autoridades en el Estado de Chihuahua reconocieron que al menos 53 familias en el Guadalupe y Calvo han sido víctimas de desplazamiento forzado en tiempos recientes. Las personas afectadas se vieron en la necesidad de abandonar sus hogares para proteger su integridad, para huir de la violencia que genera el crimen organizado.
El titular de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo, reconoció que 13 de estas familias se refugiaron desde finales de 2024 en el municipio de Chihuahua, en donde permanecen, mientras que un aproximado de entre 30 y 40 —se desconoce con exactitud— llegaron en la última semana a Parral.
El desplazamiento forzado forma parte de una lista amplia de crímenes que los cárteles del narcotráfico provocan en Guadalupe y Calvo: toques de queda, enfrentamientos armados en plena luz del día, el colgamiento de cuerpos en la entrada del municipio y, el pasado viernes, el intento de homicidio de un sacerdote y la presidenta seccional de la localidad de Dolores.
Debido a este último acontecimiento —mencionó Rascón Carrillo— elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional reforzaron los operativos en la región.
Eduardo González, activista de los derechos humanos de pueblos indígenas, acudió a Palacio de Gobierno el pasado viernes 20 de diciembre y alertó que alrededor de 300 familias, desde Guadalupe y Calvo hasta Bocoyna, han escapado de sus hogares debido a la hostilidad ejercida en su contra los cárteles que se dedican, impunes, a la tala clandestina, y que los funcionarios municipales no reconocen el problema y aseguran que «todo está bien».
