Alrededor de 500 mil trabajadores en México podrían resultar afectados por las nuevas restricciones a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un esquema que permite a quienes dejaron de cotizar con un patrón continuar realizando aportaciones voluntarias para mejorar el monto de su jubilación. La advertencia fue realizada por Jorge Antonio Loyo Pérez, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, quien señaló que las modificaciones podrían reducir hasta 55 por ciento las pensiones que algunos trabajadores tenían proyectadas.
Entre los principales cambios se encuentra la limitación del salario de cotización al último registrado ante el IMSS, con un margen adicional de una Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de eliminar la posibilidad de realizar incorporaciones con pagos retroactivos e impedir la combinación de este esquema con el aseguramiento para trabajadores independientes. Estas disposiciones modifican las condiciones bajo las cuales algunos empleados, principalmente pertenecientes al régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, planeaban incrementar sus aportaciones durante los últimos años de vida laboral.
De acuerdo con las estimaciones de Loyo Pérez, una persona que esperaba recibir una pensión equivalente al 85 por ciento de su salario real podría terminar obteniendo entre 45 y 55 por ciento. Esto representaría pérdidas mensuales de entre 36 mil y 45 mil pesos, dependiendo de cada caso. El académico aclaró que las cifras corresponden a sus cálculos y no a una estimación oficial del IMSS, pero advirtió que las restricciones podrían afectar los derechos pensionarios de quienes organizaron su retiro bajo las condiciones anteriores.
El especialista también cuestionó la legalidad de las medidas al considerar que podrían contravenir principios constitucionales como la irretroactividad de la ley, la no regresividad de los derechos sociales y la protección de los derechos adquiridos. Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó ante el Senado que todavía no existe una cifra actuarial clara sobre el supuesto daño financiero relacionado con estas prácticas, por lo que el instituto continúa realizando estudios para determinar el impacto económico y las medidas necesarias.
Ante este escenario, el académico planteó que los trabajadores afectados podrían recurrir a mecanismos legales como el amparo indirecto, acciones de inconstitucionalidad o incluso instancias internacionales, dependiendo de cómo se formalicen las restricciones. Mientras tanto, quienes estén próximos a jubilarse deberán revisar cuidadosamente su situación ante el IMSS, particularmente si pertenecen al régimen de 1973, ya que las condiciones de incorporación, las semanas cotizadas y el salario registrado pueden marcar una diferencia importante en el monto final de su pensión.


