«Es una situación que escala a conflicto con la ley y sale de la noción principal de la creación, que de por sí tiene sus contras».

Omar Bazán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, busca la aprobación de un Punto de Acuerdo que sea emitido por el Congreso del Estado, en relación con el uso y permanencia de fuerzas militares para tareas de seguridad pública.
El priista reiteró que deben observarse riesgos a lo declarado por el presidente López Obrador el pasado 8 de agosto, en torno que el mando de la Guardia Nacional debe pasar a la Secretaría de la Defensa Nacional.
«Es una situación que escala a conflicto con la ley y sale de la noción principal de la creación, que de por sí tiene sus contras».
Por lo tanto, Bazán Flores, hizo un llamado al Ejecutivo Federal a que se acaten, también, los principios acogidos por la Corte Interamericana y la Suprema Corte de Justicia de la Nación de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, humanidad y legalidad en el empleo de las fuerzas armadas.
A su vez, tomando en cuenta que en México la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 29, prevé que el Ejecutivo Federal pueda usar las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior, en los casos previstos en la carta magna y previa autorización del Congreso de la Unión.

«Estas consideraciones, se basan a mi juicio, ya que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y seguridad ciudadana tiene aspectos y efectos negativos en el respeto a los derechos humanos cuando ello se convierte en una práctica generalizada».

El legislador, dijo que analizando los antecedentes presentados por la Organización de Estados Americanos -OEA- existe el riesgo de que se materialicen condiciones de país «antidemocrático y dictatorial».

De tal suerte que solo se deben utilizar de manera excepcional, refirió.

Desde el año 2015, se discute que el uso de las fuerzas militares debe analizarse dentro del contexto objetivo del marco constitucional mexicano en función de la realidad del país.

Fundamentalmente, para que se contrasten los efectos de dicha decisión, lo que siempre ha estado al centro del debate.
En los archivos de la OEA, también se hace énfasis en el aumento de violencia, tras el uso de las fuerzas armadas dentro del apartado «Violencia y Seguridad Ciudadana».

Ahí se destaca como en México se ha buscado aumentar la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, lo que en términos de seguridad ciudadana tiene aspectos y efectos negativos, sobre todo cuando ello se convierte en una práctica generalizada y no excepcional.

Para finalizar, el legislador expuso que antes de generar un planteamiento que lleve a vivir efectos negativos en la población y que a todas luces violan a la Constitución, se establezcan las condiciones de Estado de Derecho y paz social, a través de la modificación de la estrategia de seguridad.