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La diputada de morena, María Antonieta Pérez Reyes señaló la lentitud y tardanza por parte de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado para investigar los casos suscitados en el 2022: de la venta de uniformes escolares a alto costo y con un solo proveedor en el Colegio de Bachilleres (COBACH) así como el contrato de siete cafeterías sin licitación en la misma institución.
Lo anterior después de que se diera a conocer que apenas en este año 2025 la Secretaría de la Función Pública está realizando las entrevistas relacionadas a las denuncias hechas por la bancada de morena sobre el tema de los uniformes obligatorios y los contratos para las 7 cafeterías sin licitación a la empresa Nutrición Profesional y Comedores, S.A. de C.V.
“Es una lástima porque bueno esa denuncia la hicimos pública en agosto de 2022. Estamos hablando de hace casi dos años y medio y pues si bien el daño no se llegó a concretar afortunadamente, por tanta presión pública que nosotros y los medios de comunicación hicimos”, señaló la diputada de morena.
María Antonieta Perez, destacó que, si bien en su momento se logró que no se obligara a los padres de familia a comprar los uniformes, así como la destitución del entonces director del Colegio de Bachillere, Marco Licón Barraza; esto gracias a las quejas de padres de familia y la denuncia presentada por diputados de morena ante la Secretaría de la Función Pública; es necesario que las investigaciones continúen y se penalice a los responsables.
“Es un hecho que fue un proceso completamente corrompido y lleno de irregularidades donde no había contrato de por medio no hubo licitación y querían hacer obligatoria la compra que implicaba una derrama económica de casi 136 millones de pesos, que se le depositaria directamente al dueño de la empresa”, explicó, Pérez Reyes.
En el caso de las 7 cafeterías, la congresista, dijo que tampoco se ha tocado el tema, cuando obviamente es un conflicto obvio de intereses, no solamente por no haber licitado, sino que no se sabe si la empresa seleccionada esta certificada en higiene y preparación para entregar alimentos de buen nivel, ahora que estamos luchando tanto para que se saque la comida chatarra de las escuelas.
“Yo hubiera esperado que la Secretaría de la Función Pública hubiera actuado inmediatamente, no dos años y medio después, porque el gobierno del Estado está obligado a limpiar de sus estructuras a funcionarios que no cumplan con el requisito de probidad porque eso implica una amenaza a la economía, a los intereses de la sociedad y todo sin importar el partido a que representemos”, externó María Antonieta Pérez.
Finalmente sentenció que no cree que a la Secretaría de la Función Pública le vaya a alcanzar para concluir la investigación a fondo; sin embargo; por el bien de Chihuahua y de la ciudadanía espera que comiencen a actuar con celeridad.
