El informe presentado este 11 de agosto sobre desplazamiento forzado interno en Chihuahua vuelve a poner sobre la mesa una realidad que durante demasiado tiempo ha sido tratada como un problema ajeno: familias enteras obligadas a abandonar sus comunidades por la violencia del crimen organizado. La Misión Civil de Observación recorrió Parral, Delicias y Chihuahua y escuchó a cerca de 200 personas provenientes principalmente de Uruachi, Guazapares y Guadalupe y Calvo, además de casos de Durango y Sinaloa. Los testimonios hablan de una Sierra Tarahumara atrapada entre la disputa territorial de los grupos criminales, el reclutamiento forzado, el saqueo de recursos naturales y una violencia que, según el documento, se agrava por el abandono institucional y la presunta colusión de autoridades. El problema, pues, no es solamente que la gente se vaya: es que hay comunidades que están siendo expulsadas de sus propios territorios mientras las instituciones llegan tarde o simplemente no llegan.
Y aquí aparece la parte incómoda para los gobiernos de todos los niveles. La Misión Civil se reunió con funcionarios estatales y federales, expuso las necesidades de las familias y pidió construir una estrategia conjunta, pero concluyó que la respuesta institucional ha sido insuficiente. Por eso propone una mesa permanente de coordinación y exige que las comunidades sean escuchadas directamente, algo que parece elemental pero que en la práctica sigue siendo una deuda. La pregunta política es inevitable: ¿cuántas familias más tendrán que abandonar sus hogares para que el desplazamiento deje de verse como una consecuencia inevitable de la violencia y sea atendido como una emergencia? Mientras se discuten estrategias de seguridad, presupuestos y responsabilidades entre oficinas, hay chihuahuenses que ya perdieron sus casas, sus tierras y su tranquilidad. Y si la Federación, el Estado y los municipios no logran ponerse de acuerdo para protegerlos, entonces el crimen organizado seguirá ganando algo más que territorio: seguirá ganando comunidades completas.
En la política chihuahuense hay discusiones de todo tipo: encuestas, partidos, alianzas, posicionamientos y hasta futurismos rumbo a la Alcaldía de Chihuahua. Pero si nos ponemos curiosos y revisamos algo tan elemental como el acta de nacimiento, la contienda adquiere otro color.
De los nombres que han comenzado a sonar, Alan Falomir Sáenz es chihuahuense hecho y derecho: nacido en Chihuahua, Chihuahua, y probablemente uno de los aspirantes que más conoce la ciudad y el estado desde distintas trincheras del servicio público. Junto a él estaría Brenda Ríos Prieto, también nacida en la capital del estado.
Si la regla fuera estrictamente la del lugar de nacimiento, la disputa por la Alcaldía tendría un ingrediente bastante peculiar: Falomir, desde la oposición, frente a Brenda Ríos, desde Morena. Uno y otra nacidos en Chihuahua.
Pero, por supuesto, la política no funciona así. César Jáuregui nació en Baja California; Manque Granados y Santiago de la Peña, en la Ciudad de México. Y eso, en realidad, debería importar poco frente a algo mucho más relevante: el trabajo que cada uno haya realizado y pueda realizar al servicio de Chihuahua.
Porque al final, el trabajo mata cualquier grilla. Y además, como dice ese dicho que muchos adoptados por esta tierra seguramente defenderán: si ya llevas más de cinco años viviendo en Chihuahua, trabajando, pagando cuentas, soportando el calor, el frío y las tolvaneras… pues ya eres de aquí.
Así que la batalla por Chihuahua no la decidirá un acta de nacimiento. Pero como dato de color, resulta curioso que, si nos pusiéramos estrictos con el lugar de origen, Alan Falomir y Brenda Ríos arrancarían con la credencial de chihuahuenses de nacimiento en la mano. Y los demás tendrían que demostrar, como siempre ocurre en la política, que Chihuahua no se presume: se trabaja.
