En Parral volvió a encenderse la discusión sobre el manejo de los recursos públicos luego de que la Sindicatura, encabezada por Dalila Villalobos, exhibiera presuntas inconsistencias en el programa Rutas Mágicas de Color. De acuerdo con el Séptimo Informe, durante las inspecciones de campo se detectaron áreas donde la pintura reportada como aplicada simplemente no existe, además de localizar espacios que fueron contabilizados como obra ejecutada pese a no presentar los trabajos correspondientes. La observación coloca nuevamente bajo escrutinio a la Dirección de Obras Públicas de la administración de Salvador «Chava» Calderón y abre interrogantes sobre los mecanismos de supervisión y validación de los proyectos.

Aunque el informe también documenta acciones positivas, como la rehabilitación del comedor y la malla ciclónica del Jardín de Niños Luz Cid Orozco, el foco terminó concentrándose en las diferencias entre lo que aparece en los reportes oficiales y lo que realmente se encontró en las inspecciones físicas. La Sindicatura sostiene que su función es verificar que cada peso invertido tenga un respaldo tangible, por lo que estas observaciones podrían derivar en nuevas revisiones. En un momento donde la exigencia de transparencia es cada vez mayor, cualquier obra que exista en el papel, pero no en la realidad, inevitablemente alimenta la desconfianza ciudadana.

Dicen que cuando un gobierno tiene la razón, no le teme al debate. El problema aparece cuando el debate lo pierde antes de abrir la boca. Eso le está ocurriendo al Municipio de Chihuahua con el puente del Reliz. Durante meses desestimaron advertencias, minimizaron cuestionamientos y siguieron adelante como si el único obstáculo fueran unos cuantos ambientalistas «haciendo ruido». Pues resulta que el ruido ya se convirtió en denuncia ratificada, nuevos señalamientos por presuntos daños al río Chuvíscar y un conflicto que amenaza con crecer mucho más de lo que alguien en Obras Públicas imaginó.

Lo más curioso es que el Ayuntamiento encontró enfrente a una vocera que ha resultado mucho más efectiva de lo que seguramente calcularon. La bióloga Diana Martínez no ha necesitado gritos, descalificaciones ni espectáculos para poner en aprietos a la administración. Ha hablado con argumentos técnicos, con información y, sobre todo, con una coherencia que pocas veces se ve en este tipo de movimientos. Su carisma ha hecho el resto. No se percibe como alguien que busca protagonismo, sino como una profesionista convencida de lo que defiende. Y eso, políticamente, vale oro.

Mientras ella explica, documenta y convence, del otro lado pareciera que Carlos Rivas sigue creyendo que el silencio es una estrategia de comunicación. Opaco, apático, indiferente, amachado y con una habilidad política que parece extraviada entre los planos de la obra. Cada vez que el conflicto escala, el director de Obras Públicas transmite la sensación de que todo se resolverá solo, como si ignorar el problema fuera equivalente a solucionarlo. La realidad le está demostrando exactamente lo contrario.

Y cuidado, porque aquí el verdadero riesgo ya no es únicamente jurídico o ambiental. El riesgo más grande es político. Si por hacer caso omiso a las advertencias la obra termina suspendida, modificada de manera sustancial o, en un escenario extremo, cancelada, estaríamos frente al mayor fracaso de infraestructura de la administración de Marco Bonilla. No porque el puente no sea necesario —que lo es para mejorar la movilidad de la zona—, sino porque nadie supo construir los consensos para hacerlo viable.

Entonces vendrá la pregunta inevitable: ¿quién dejó crecer el problema? La respuesta no será difícil de encontrar. Tendrá nombre y apellido: Carlos Rivas. Porque un director de Obras Públicas no solamente administra concreto, acero y maquinaria; también administra conflictos. Y cuando un conflicto político explota por falta de diálogo, la responsabilidad deja de ser técnica para convertirse en plenamente política.

Tal vez la mayor ironía de toda esta historia sea que quien podría darle una lección de comunicación pública al director de Obras Públicas es una joven bióloga. Diana Martínez entendió que convencer vale más que imponer y que escuchar genera mucho más respaldo que ignorar. Ojalá Carlos Rivas tome nota antes de que sea demasiado tarde. Porque si este asunto sigue escalando, no será únicamente el puente el que quede en riesgo; también podrían desplomarse las aspiraciones políticas del grupo gobernante rumbo a 2027. Y cuando llegue ese momento, ya no habrá retroexcavadora capaz de tapar el hoyo que dejó la soberbia.

Lo ocurrido en el Salón Legisladoras, donde se registró un enfrentamiento entre la diputada Leticia Ortega Máynez, la activista Mayté Regina Gardea y la conductora Saharet Mendoza, terminó por exhibir una contradicción que difícilmente pasa desapercibida. Quienes han construido su discurso público alrededor de la defensa de los derechos de las mujeres, el respeto y el combate a la violencia terminaron protagonizando una escena marcada por la confrontación, los señalamientos y la tensión. Más allá del incidente, el episodio abrió el debate sobre la congruencia entre el discurso político y la actuación de algunos de sus protagonistas. Las críticas se centraron especialmente en la legisladora, al considerar que la exposición pública de una comunicadora resulta incompatible con la narrativa de protección que impulsa desde la tribuna, alimentando la percepción de que existe un trato distinto entre quienes respaldan sus posturas y quienes las cuestionan.

En el mismo sentido, la participación de la activista Mayté Regina Gardea también generó fuertes cuestionamientos. Diversas voces señalaron que recurrir de manera constante a acusaciones de transfobia para responder a cualquier crítica termina debilitando una causa legítima al convertirla en un mecanismo de confrontación política. El desenlace de la protesta, que incluyó una manifestación con desnudez parcial dentro del recinto legislativo, desplazó por completo el fondo del debate y terminó dominando la conversación pública. Cuando las ideas dejan de ocupar el centro de la discusión y el espectáculo sustituye a los argumentos, la política pierde credibilidad y las causas que se dicen defender corren el riesgo de quedar reducidas al escándalo.

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Este martes, Palacio de Gobierno se llenó de “power” político: diputados locales, miembros del gabinete, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE), el encargado de la Fiscalí, Francisco Saenz Soto y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gilberto Loya. La reunión no fue casual. Se da en medio de una oleada de violencia en la Sierra Tarahumara (particularmente en comunidades como Cinco Llagas, en Guadalupe y Calvo) que ha dejado desplazados, muertos y un clima de terror que las autoridades ya no pueden ignorar.

El rumor que circula con fuerza es que se está gestando un presupuesto o plan de “rescate” para la región. Ojalá sea cierto. Porque hasta ahora, lo que se ha visto son más reuniones que resultados tangibles.

Más allá de simples diagnósticos, la Sierra necesita presencia real, inversión sostenida y una estrategia que vaya más allá del operativo reactivo. Cabe recordar que en las últimas semanas se han documentado enfrentamientos entre grupos criminales, ataques con drones, asesinatos de civiles (incluida una mujer y un niño) y el desplazamiento forzado de al menos 153 personas solo en Cinco Llagas y comunidades aledañas.

Mientras tanto, la gobernadora Maru Campos instruye “reforzar la atención” y las mesas de seguridad reportan reducciones en homicidios a nivel estatal. El contraste es brutal: en la capital se celebran cifras a la baja; en la Sierra las familias abandonan sus casas bajo fuego.

Si realmente se diseña un plan de rescate, debe incluir tres elementos imprescindibles: seguridad permanente (no operativos de 48 horas), apoyo humanitario inmediato y real para los desplazados, y desarrollo económico que ofrezca alternativas a las comunidades. De lo contrario, esta reunión de altos funcionarios solo servirá para generar otro comunicado institucional y una foto de unidad.

La Sierra lleva años esperando algo más que promesas. Si el rumor se concreta en presupuesto y acciones, bienvenido sea. Si se queda en mesa y discurso, será otra oportunidad perdida en una región que ya no puede permitírselas.