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Tal parece que en el Congreso del Estado el clima más estable es el de la congeladora. Al menos tres comisiones mantienen el 100 por ciento de sus asuntos pendientes, y eso que cada una tiene apenas cinco iniciativas por dictaminar. Si con esa carga el trabajo sigue detenido, mejor no imaginar qué ocurriría si el número de expedientes se multiplicara.

Mientras tanto, la actividad parece concentrarse en otros frentes. Los posicionamientos políticos, los enfrentamientos entre bancadas y las precampañas adelantadas ocupan buena parte de la agenda pública, mientras las iniciativas continúan acumulando polvo a la espera de que alguien decida darles trámite.

Así, las comisiones legislativas parecen practicar a la perfección el arte de «dejar para después». Porque, al paso que van, los pendientes seguirán durmiendo el sueño de los justos y los únicos que trabajan a marchas forzadas son los rumores sobre quién será candidato en la próxima elección.

En Chihuahua ya no basta con preguntarse cuánto vale un terreno. Ahora también habría que preguntar cuánto cuesta una calle. Porque todo indica que la Anastacio Bustamante, entre Universidad y la calle 21, podría dejar de ser un espacio público para convertirse en parte del enorme proyecto comercial de Alsuper.

El propio alcalde Marco Bonilla ya abrió la puerta a esa posibilidad al reconocer que el Ayuntamiento podría vender ese tramo al consorcio, siempre y cuando se cumplan los estudios y permisos correspondientes. Es decir, todavía faltan dictámenes de impacto vial, revisar las líneas de agua potable, gas y demás infraestructura subterránea. Pero el mensaje ya quedó claro: la operación está sobre la mesa.

La pregunta incómoda es otra: ¿realmente conviene cerrar una calle completa para beneficio de un particular? Porque una cosa es impulsar la inversión privada y otra muy distinta es modificar el espacio público para acomodar un proyecto empresarial.

Siempre se nos dice que las calles son de todos. Que debemos respetarlas, cuidarlas y entender que forman parte del patrimonio urbano. Pero, cuando llega un proyecto millonario, parece que ese discurso entra en promoción de temporada.

Desde luego que Alsuper genera empleos, inversión y desarrollo. Nadie discute eso. Lo que sí merece discusión es el precedente. Si hoy una empresa puede integrar una calle municipal a su complejo comercial, ¿qué impedirá que mañana otro desarrollador solicite exactamente lo mismo? Después de todo, los negocios exitosos siempre generan imitadores.

Y mientras los ciudadanos hacen filas interminables por un bache, esperan años por una pavimentación o ruegan para que les autoricen un parque, un corporativo podría terminar incorporando una vialidad completa a su proyecto. Curiosas prioridades urbanísticas.

Además está el detalle de la obra. Se habla de una remodelación que podría extenderse por más de un año. Más de doce meses de afectaciones, desvíos, tráfico y molestias para quienes utilizan diariamente esa zona. Claro, el sacrificio será temporal, dirán algunos. El beneficio, permanente… aunque principalmente para el propietario del desarrollo.

Resulta inevitable preguntarse si el momento financiero también influye. Apenas hace unos días el Municipio reconoció una reducción superior a los 121 millones de pesos en participaciones federales. Un golpe importante para las finanzas municipales que obligó a reprogramar inversiones.

Y entonces aparece la tentación: vender patrimonio municipal puede convertirse en una forma rápida de obtener recursos extraordinarios. No sería extraño. Al final, cuando el presupuesto aprieta, cualquier activo parece susceptible de ponerse en el escaparate.

Eso sí, sería un grave error reducir este debate a un simple «están vendiendo una calle». El verdadero tema es si la ciudad está tomando decisiones con base en un proyecto integral de movilidad y desarrollo urbano o si el tamaño de la chequera también pesa al momento de definir qué permanece público y qué deja de serlo.

Porque las ciudades no deberían diseñarse únicamente para quien puede comprar más metros cuadrados, sino para quienes las recorren todos los días.

Al final, quizá la Anastacio Bustamante siga siendo pública. Quizá los estudios concluyan que no es viable. O quizá termine convertida en otro pasillo de un gran centro comercial.

Lo único que sería deseable es que, antes de firmar cualquier escritura, alguien recuerde un detalle elemental: las calles no son un estorbo entre dos edificios; son el espacio donde transita la ciudad. Y ese patrimonio, aunque tenga precio en un avalúo, no siempre tiene valor de venta.

El mensaje que envió la dirigencia nacional del Partido Verde desde Ciudad Juárez no dejó espacio para interpretaciones. Frente a más de mil asistentes, el coordinador político nacional del partido, Arturo Escobar, puso sobre la mesa una condición que pesa en la construcción de la alianza de la Cuarta Transformación en Chihuahua: «Si es con Cruz, sí; si no, no». La frase, más que un respaldo, representa una advertencia política para Morena y sus aliados, pues deja claro que el Verde está dispuesto a caminar únicamente si el proyecto es encabezado por Cruz Pérez Cuéllar. No hubo matices ni dobles lecturas; el partido cerró filas con el juarense y descartó, al menos públicamente, cualquier otra alternativa.

Con ese posicionamiento, el Partido Verde eleva el costo político de cualquier decisión distinta en la definición de la candidatura. El respaldo nacional fortalece la narrativa de Cruz Pérez Cuéllar como el aspirante con mayor estructura y apoyos rumbo a la encuesta interna, mientras obliga al resto de los actores de la 4T a tomar nota de que uno de los aliados más importantes ya fijó postura. El mensaje es simple pero contundente: para el Verde, la alianza tiene nombre y apellido. Si el candidato es Cruz, habrá acompañamiento; si no, el partido deja claro que su permanencia en ese proyecto deja de ser una garantía.

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Las constantes fallas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Chihuahua han pasado de ser un problema molesto a un verdadero dolor de cabeza para miles de familias y sectores productivos. No solo dejan sin luz hogares y negocios: dañan electrodomésticos, paralizan operaciones y agravan problemas estructurales del estado.

Según Coparmex, 9 de cada 10 empresas fueron afectadas en su operación, con reportes de equipo dañado por los apagones. El impacto en la manufactura es directo y cuesta productividad y empleos. En el sector rural, el alcalde de Casas Grandes, Roberto Lucero Galaz, denunció que los cortes afectaron pozos de agua, lo que entorpeció las operaciones para la ganadería y la agricultura. 

Peor aún, los secretarios Enrique Rascón (Pueblos y Comunidades Indígenas) y Santiago de la Peña (General de Gobierno) han evidenciado cómo la falta de servicios básicos como la electricidad incentiva el desplazamiento forzado en zonas vulnerables. La gente no solo huye de la violencia, sino también de la carencia de luz, agua y condiciones mínimas de vida.

Chihuahua merece una CFE confiable, no un servicio que castigue la productividad y profundice la desigualdad. Los apagones no son un “evento climático”: son fallas de planeación e inversión que el Gobierno Federal debe atender con urgencia. Mientras tanto, los chihuahuenses pagan la factura con aparatos quemados, cosechas perdidas y comunidades enteras en el límite.