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El gobierno federal anunció hoy la aprobación de la renovada Ley General de Aguas. Con ese cambio jurídico se modifica la ley nacional anterior, con el fin de regular de forma más estricta los permisos y concesiones relativos al agua.

La reforma llega tras fuertes protestas de sectores campesinos y agricultores, algunos de los cuales han bloqueado carreteras en distintos estados como manifestación de su rechazo.

Uno de los objetivos del gobierno es evitar la sobreexplotación de los recursos hídricos y garantizar un reparto más equitativo, para comunidades, agricultura, industria y consumo urbano.

La titular de la Secretaría de Gobernación, en turno por hoy, explicó que la ley busca proteger el agua como recurso estratégico y asegurar su sostenibilidad para las próximas generaciones.

Sin embargo, la ley ha generado desconfianza entre algunos agricultores, quienes temen restricciones excesivas, pérdida de derechos de uso, o que las regulaciones afecten sus medios de subsistencia.

Ante ese contexto, el gobierno propuso mecanismos de consulta y acciones compensatorias, aunque no todos los sectores los consideran suficientes. La controversia sigue viva.

El debate ahora se centra en cómo se implementará la ley: cuánto tardará, qué criterios se usarán para concesiones, y cómo garantizarán que las poblaciones vulnerables tengan acceso al agua.

Para muchos, esta reforma marca un hito en política ambiental e hídrica del país —una apuesta por equilibrar desarrollo, medio ambiente y derechos sociales. Pero también conlleva tensiones entre distintos intereses.