Treinta y cinco colectivas y organizaciones de veinte estados del país se pronunciaron para denunciar las limitaciones en el acceso al aborto en México, a pesar de su despenalización en diversas entidades.
Las agrupaciones señalaron que en Chihuahua, pese a la resolución de la Corte, el gobierno estatal no garantizó el acceso a este servicio, lo que consideraron una forma de violencia institucional que revictimizó a las personas más vulnerables.
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En su posicionamiento, recordaron que el Estado mexicano tenía la obligación de ofrecer servicios de salud accesibles, gratuitos, confidenciales, seguros, expeditos y no discriminatorios para la interrupción del embarazo. Indicaron que ello implicaba la capacitación del personal médico, la creación de protocolos estandarizados, la asignación presupuestal y la eliminación de prácticas estigmatizantes o criminalizantes.
El pronunciamiento fue emitido en el marco del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro.
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