HABLANDO Y ESCRIBIENDO
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO
La violencia que se presenta en el resto del país, nos afecta en la medida en que se manifieste también en nuestra entidad; no hace mucho, el escuchar de crímenes que se protagonizan en Michoacán o Chiapas, nos hacía pensar en lo distante en que se desarrollaban estos hechos, pero ahora, esa distancia se ha perdido y lo que veíamos muy lejano, ahora es parte de nuestra propia escenografía local.
La disputa que se mantiene por el control de la zona limítrofe entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, desde la cabecera del Municipio de Guadalupe y Calvo, conocida como el Triángulo Dorado, está cobrando nuevas víctimas entre los vecinos de aquella zona, desde donde retan a las autoridades estatales y federales, dejando cadáveres colgados en la entrada al Municipio, manteniendo diversos ataques por medio de drones con explosivos y aprovechando la topografía y conocimiento de la zona, donde se vuelve casi imposible la captura de los responsables.
A dos años de ocurrida la fuga y masacre en el CERESO 3 de Ciudad Juárez, no existe todavía ninguno de los funcionarios responsables, detenidos ni sujetos a proceso, antes por el contrario, el que fuera fiscal general, fue protegido por la gobernadora Maru Campos y después premiado con un cargo de primer nivel.
Como director del penal estaba Alejandro Alvarado Téllez, quien fue destituido el 3 de enero de 2023 bajo investigación; Luis Alfonso Harris Arrondo, era el director general del sistema penitenciario, él fue cesado el 11 de enero de ese año; y Roberto Fierro Duarte, era el fiscal General del Estado, pero 16 días después de la fuga masiva de reos, fue enviado a desempeñarse como secretario particular y jefe de la oficina de la gobernadora, lugar en el que se mantuvo hasta el 13 de junio de 2023, cuando dejó el cargo para reaparecer casi dos meses después como director jurídico de la Secretaría de Hacienda estatal y actualmente es secretario de la Función Pública.
Por su parte, el fiscal Zona Norte, Carlos Manuel Salas, asegura que la investigación no ha terminado y aunque ratifica que están pendientes algunas órdenes de aprehensión, a la fecha solamente se ha cumplimentado, una en la persona de Braulio Raúl Ornelas Contreras, alias “Beethoven”, quien fuera acusado de motín y fuga de reos y quien aseguran fue el responsable de introducir las armas y chalecos al penal, quien por cierto fue encontrado sin vida en una celda del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 12, en Ocampo, Guanajuato.
Como se ha informado, en días pasados, se presentó un problema dentro del CERESO, número 1 de Aquiles Serdán, cuando el interno Yahir R. A., disparo un arma de fuego calibre 9 milímetros, dentro del penal, situación que provocó que de inmediato las fuerzas especiales llevarán a cabo una revisión de todas las celdas, pero además iniciar una investigación para conocer quien introdujo esa arma de fuego, quienes fueron sus cómplices y así como lograron meter una pistola, pudieron haber logrado introducir más armamento, que eventualmente pueda servir para protagonizar otro conflicto igual al de Juárez o de mayores consecuencias
Con el cambio de la Fiscalía a la secretaria de Seguridad Publica, como responsable de la seguridad interna de los CERESOS del Estado, es claro que les interesa más la seguridad y que se tiene un mayor control, aunque se siguen manteniendo la red de complicidades entre custodios y los poderes fácticos que controlan la seguridad interna.
Se advierte que el secretario de seguridad pública, Gilberto Loya Chavez, pretende hacer bien las cosas inherentes a su cargo, el hecho de que no haya aceptado los fajos de billetes que semanalmente se hacían llegar a las oficinas de primer nivel -que además no le hacen falta-, habla bien de su compromiso, pero no de aquellos que sí los reciben.
Los poderes fácticos que gobiernan los CERESOS, no son identificables del todo; es una gran medusa que corrompe a placer dentro de los Centros, su capacidad de fuego, logística y el factor sorpresa, sorprenden a cualquiera.
Solo hay que recordar que durante mucho tiempo, los responsables de la seguridad de los centros prácticamente vivían en sus propias instalaciones y a pesar de que sus familiares más cercanos contaban con guardia y proteccion, aun asi fueron abatidos por sicarios al servicio del jefe en turno, hospedado, cuidado y vigilado las 24 horas dentro del CERESO.
Lalo Guerrero, quien logró convencer a Cesar Duarte de su capacidad para administrar los CERESOS, encontró su gran mina de oro, que le alcanzó hasta para adquirir aviones de millones de dólares, al reunir un grupo de Sonorenses para administrar todos los centros federales de reclusión, logrando acumular enormes cantidades de dinero, que a la postre no alcanzaron a gastarse, por haber terminado sus días asesinados.
El problema también estriba en que las personas de mayor peligrosidad, son juzgados por leyes del fuero común, cuando pertenecen al crimen organizado, tanto por su actividad, capacidad de fuego y actividades criminales que desarrollan; mientras que esto no cambie, difícilmente se puede hablar de justicia justa, o justicia a secas.
La reforma penal constitucional que aumenta el catálogo de delitos que ameritan PPO, está generando nuevamente que el Estado Mexicano se mantenga como violador de derechos humanos, pero además, en voz de quien es ahora asesor presidencial Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, “ Es una condena sin sentencia que castiga, en la mayoría de los casos, la pobreza y no la delincuencia y que estadísticamente afecta más a las personas de las capas más desprotegidas, a los sectores más pobres de la población y a las mujeres”.
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Lic. Ernesto Avilés Mercado
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Lic. Ernesto Avilés Mercado