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• “Nuestro derecho es tomar decisiones soberanas en materia de alimentación y agricultura”, añade
La Cámara de Diputados debe asumir un papel proactivo en la defensa del maíz nativo y la promoción de una agricultura sustentable, por ello, debe impulsar una reforma legislativa que prohíba el cultivo de maíz transgénico en el país y fortalezca el apoyo a la producción nacional promoviendo su diversificación, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.
Indicó que el maíz es un elemento fundamental de la identidad nacional, los arraiga a una historia milenaria y es vínculo con las tradiciones culturales y la riqueza culinaria. De ahí que, la defensa del maíz nativo se enmarca en la lucha por la preservación de la diversidad biológica y cultural de México frente a los modelos agroindustriales de producción masiva.
“Es nuestro derecho tomar decisiones soberanas en materia de alimentación y agricultura. La prohibición del cultivo de maíz transgénico no sólo es una medida para proteger nuestra biodiversidad y salud, sino una forma de fortalecer la producción nacional de maíz, apoyar a las y los productores nacionales, promover su diversificación y reducir la dependencia de las importaciones”, aclaró.
En su artículo titulado “Frente al maíz transgénico, soberanía alimentaria y biodiversidad”, Monreal Ávila expone que la reciente controversia en torno al maíz transgénico puso de manifiesto la compleja intersección entre comercio internacional, soberanía alimentaria y protección de la biodiversidad, pues el fallo del panel del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que impide a México prohibir la importación de maíz transgénico estadounidense, generó un intenso debate en el país.
Comentó que ello fue en respuesta a un decreto emitido durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que buscaba, entre otras medidas, la prohibición inmediata del uso de maíz transgénico en masa y tortillas e instruía a diversas agencias gubernamentales mexicanas a eliminar gradualmente su uso en la alimentación humana. Es decir, regulaba el uso del glifosato y de las semillas y grano de maíz genéticamente modificados.
Monreal Ávila relató que el argumento del Gobierno de México para vetar este producto se sustentó en la amenaza que representa el polen transgénico a la biodiversidad de maíz nativo y el riesgo del uso de glifosato, herbicida comúnmente utilizado en su cultivo, y que distintas investigaciones científicas alertaron sobre los efectos nocivos del glifosato en la salud de los seres humanos, el medioambiente y la diversidad biológica, y ha sido identificado como probable carcinogénico en humanos.
Sin embargo, Estados Unidos, a través de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), argumentó que estas medidas violaban el T-MEC, al afectar el comercio bilateral y restringir su acceso al mercado mexicano. En consecuencia, el panel falló a favor de la Unión Americana, considerando que las medidas de nuestro país carecían de suficiente fundamento científico y no se basaban en una evaluación de riesgo adecuada.
Al respecto, el Gobierno Federal, en un comunicado, afirmó que no compartía la determinación del panel; no obstante, aseguró que respetará la determinación, buscando reivindicar los derechos de todas y todos los mexicanos y reafirmado su compromiso con la protección de la salud, el medio ambiente y la biodiversidad.
