La prepotencia y la búsqueda de protagonismo parecen ser las estrategias recurrentes en la campaña –o más bien publicidad– de Kike Valles, quien recientemente se vio envuelto en un incidente con la Guardia Nacional. La falta de respeto hacia las autoridades, evidenciada en su resistencia a una revisión, refleja una realidad que afecta a todos los ciudadanos en un país azotado por la delincuencia. Sin embargo, la situación da un giro cuando se plantea la posibilidad de que las indicaciones de la Guardia Nacional pudieran tener intenciones más allá de una simple revisión, generando dudas sobre la transparencia y la seguridad en estos procedimientos.
En medio de este tumulto, queda claro que para algunos políticos, cualquier tipo de publicidad, sea positiva o negativa, es una oportunidad para destacar y hacerse notar. En el caso de Kike Valles, quien ahora alega haber recibido amenazas tras el incidente, la línea entre la realidad y la estrategia política se vuelve cada vez más difusa, dejando a la población en un estado de incertidumbre sobre lo que realmente sucede en el ámbito político y de seguridad del país.
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En medio de un profundo lamento por la trágica pérdida del pequeño Rix, la sociedad ha manifestado a través de las redes sociales su indignación y su clamor por una justicia que, hasta ahora, parece ser esquiva. La muerte de este inocente niño, víctima de un terrible accidente provocado por la negligencia de otro conductor, ha avivado el sentimiento de cansancio y frustración ante la impunidad que parece permear en nuestro sistema judicial. La gente está cansada de ver cómo las malas leyes y la laxitud en la aplicación de las mismas permiten que los responsables de atrocidades como estas queden en libertad, sin asumir las consecuencias de sus acciones.
Ante este contexto, el fiscal general del Estado, César Jáuregui, ha anunciado una audiencia que se llevará a cabo el miércoles, en la que se espera que se establezcan responsabilidades sobre este trágico suceso. Sin embargo, la sociedad demanda más que simples palabras y procedimientos legales; exige un cambio real en el sistema, donde la justicia no sea una promesa vacía, sino una realidad tangible que proteja a los inocentes y castigue a los culpables.
¡Resaca posmarcha! Después de la realización de la llamada «Marcha por la Democracia», ayer lunes, inicio de semana, la clase política afiló uñas, dientes y lenguas, para refrendar su posición al respecto.
Desde los «chairos» a los «fifis», de Cuauhtémoc Estrada a lideres en el estado, los dirigentes y actores políticos no perdieron saliva para drenar veneno en sus declaraciones; el primero criticó a ex gobernadores del Estado, por haber participado conjuntamente PRIISTAS y PANISTAS, por la «democracia», cuando el primero -cuando aún era omnipotente, ósea de Atlacomulco- le robo elecciones no solo a la derecha como a Francisco Barrio -participante en la marcha-, sino también a la izquierda, como a su tocayo Cuauhtémoc Cárdenas.
Pero la gobernadora y «team», ¡ah no!, su administración, estaban a la orden, y como ya conocen a estos pseudo izquierdistas, ya tenían preparadas sus baterías de declaraciones -pedían en rostros que se les preguntara- porque hay que reconocérselos, los funcionarios estatales, son muy políticamente correctos, pero entre diente y diente, palabra y palabra, tienen su finura.
Es un ¡Déjà vu!, a la espera de otro berrinche presidencial; Aún no salimos de la guerra de declaraciones, respecto a la «Marcha por la Democracia», y seguimos a la espera de la contramedida de López Obrador. Y es que nuevamente, vuelve a movilizarse una manifestación de convocatoria nacional como la acontecida en 2023 -en plena iniciativa de reforma al INE- cuando la oposición convocó a una multitudinaria protesta bajo la consigna «El INE no se toca», y como respondió el Peje, con una contra marcha, una movilización a favor de sus reformas.
Bien, seguimos esperando a que AMLO, nuevamente haga su convocatoria, intentado desprestigiar y por tanto restar peso a la protesta realizada el pasado domingo; y es que el estira y afloja entre el presidencialismo y la oposición, como bien lo sabe Andrecito, en un país políticamente tan turbulento, la «democracia»se mide por el tamaño -de los simpatizantes-, por lo que debe de estar deseoso de mostrar su músculo de movilización.
La gobernadora Maru Campos envió un mensaje firme y directo al actual titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Néstor Armendáriz, tras cuestionar la convocatoria publicada el pasado fin de semana para renovar la titularidad de la CEDH. Campos Galván destacó que esta convocatoria está abierta a los mejores candidatos, al mismo tiempo que recordó la persecución que enfrentó por parte del exmandatario Javier Corral Jurado, subrayando que nunca experimentó una genuina protección de sus derechos durante la investigación en su contra. Este contundente comentario insinuó claramente que Néstor Armendáriz ya no será considerado para continuar como ombudsman de Chihuahua, dejando en suspenso quiénes serán los aspirantes a este cargo y si, verdaderamente, estarán a la altura de las exigencias, tal como lo afirmó Campos Galván.
La determinación expresada por la gobernadora Maru Campos respecto a la renovación de la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos envía un mensaje inequívoco sobre la necesidad de un cambio en el liderazgo de esta institución. Al destacar la posibilidad de que entren los mejores candidatos, Campos Galván también recordó los desafíos enfrentados personalmente durante investigaciones previas, insinuando que la gestión actual no ha sido suficientemente protectora de los derechos fundamentales. Con este comentario, queda claro que se espera un nuevo enfoque y liderazgo en la CEDH, lo que conlleva una expectativa de transparencia y eficacia en la defensa de los derechos humanos en el estado de Chihuahua.
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