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La Comisión de Seguridad Pública, que preside la senadora Lucía Trasviña Waldenrath,
aprobó un proyecto para establecer que son derechos de los integrantes de las instituciones
de seguridad pública, recibir un trato digno y respetuoso de sus superiores jerárquicos,
iguales o subalternos y el respeto de la comunidad a la que sirven.
El dictamen, que modifica diversos artículos de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, dispone que también es un derecho de estos elementos asistir y participar
en los cursos de capacitación, así como en aquellos que se acuerden con otras instituciones
académicas nacionales, conforme a la disponibilidad presupuestal y las necesidades del
servicio.
Además, establece el documento, que tienen derecho a percibir un salario, de acuerdo con las
funciones que desempeñan, que determine el presupuesto de egresos correspondiente, así
como las demás prestaciones de carácter laboral y económico que se destinen a su favor.
De Igual forma, establece que es un derecho de los integrantes de las instituciones de
seguridad pública, gozar de prestaciones y servicios en materia de seguridad social, así como
recibir el uniforme y demás equipo de cargo reglamentario, sin costo alguno y en los términos
que se establezcan en las normas respectivas.
Y ser sujeto de promociones, ascensos o reconocimientos, cuando su conducta y desempeño
sea meritorio, de acuerdo con las normas aplicables y la disponibilidad presupuestal.
Así como recibir atención médica oportuna sin costo alguno, cuando sean lesionados en
cumplimiento de su deber. En caso de extrema urgencia o gravedad, los elementos deben ser
atendidos en la institución de salud pública o privada más cercana al lugar donde se
produjeron los hechos.
El dictamen también precisa que deberán recibir asesoría, orientación y en su caso defensa
jurídica, de las instituciones a las que pertenezcan, cuando al actuar con apego a las
disposiciones legales con motivo de un servicio, existan acusaciones o denuncias en su
contra.
Además, se aprobó que el Consejo Nacional tenga la atribución de promover la
implementación de políticas en materia de derechos humanos y laborales para los integrantes
de las instituciones policiales, conforme a lo ordenado por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Finalmente, el documento establece que los servidores públicos de las instituciones de
procuración de justicia están obligados a participar en las actividades de profesionalización
que determine la institución respectiva y que deberán cubrir un mínimo de 60 horas clase
anuales, dentro de su jornada laboral.
