Al menos cuatro derrumbes de muros y bardas en desarrollos habitacionales entre 2024 y noviembre de 2026 ponen bajo cuestionamiento los mecanismos de autorización, supervisión y vigilancia de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología.
Diez años de continuidad en las decisiones de desarrollo urbano de Chihuahua y una sucesión de fallas estructurales en fraccionamientos recientes obligan a revisar qué está ocurriendo con la supervisión municipal y quién debe responder por las autorizaciones otorgadas.
Los casos de Monte Xénit, Herradura La Salle, Residencial Valdivia II y Bosques Boreales II, además de los reportes de Nueva Vizcaya II, conforman una serie de incidentes que difícilmente pueden analizarse como hechos completamente aislados. En conjunto, exhiben cuestionamientos sobre la seguridad de las construcciones, la calidad de los proyectos y la capacidad del Municipio para verificar que lo autorizado se ejecute correctamente.
La situación coloca en el centro de la discusión a la arquitecta Adriana Díaz Negrete, actual directora de Desarrollo Urbano y Ecología, cuya trayectoria dentro de la administración municipal abarca una década de decisiones relacionadas con el crecimiento de la ciudad.
El antecedente más delicado es Monte Xénit, desarrollo autorizado en 2019, donde el colapso de un muro de contención en septiembre de 2024 obligó a evacuar a más de 30 familias. Después vino Herradura La Salle, donde en abril de 2025 se desplomó un tramo de aproximadamente 25 metros de muro de contención.
En enero de 2026 se reportó la caída de una barda perimetral en Residencial Valdivia II y ahora, en noviembre, Bosques Boreales II vuelve a colocar el tema en la agenda pública, con el colapso de seis bardas en la zona de El Reliz, tras excavaciones realizadas en un predio contiguo.
A estos antecedentes se suma Nueva Vizcaya II, donde los propios vecinos tuvieron que organizarse para reconstruir un tramo de la barda norte, mientras otros residentes han reportado grietas en estructuras perimetrales.
¿Qué está pasando con Desarrollo Urbano? El problema no puede reducirse a que las constructoras incumplen o a que los directores responsables de obra cometieron errores. La autoridad municipal tiene la obligación de revisar, autorizar y supervisar que los proyectos cumplan con las condiciones de seguridad correspondientes.
El procedimiento también merece revisión. La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología recibe los expedientes y revisa los requisitos legales y ambientales, mientras que los cálculos estructurales son presentados por los directores responsables de obra contratados por las propias desarrolladoras. Posteriormente, los proyectos pasan por la Comisión de Desarrollo Urbano y el Cabildo, donde se votan las autorizaciones correspondientes.
Sin embargo, las licencias específicas de construcción de bardas y muros se tramitan después de esas aprobaciones. Es precisamente en esa cadena donde deben revisarse los mecanismos de supervisión, particularmente cuando se trata de construcciones en terrenos con pendientes, laderas y zonas de riesgo.
Y aquí aparece un dato que no puede pasar inadvertido: Adriana Díaz Negrete fue presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano durante las administraciones municipales de 2016 a 2021 y, desde septiembre de ese último año, asumió la titularidad de la DDUE. Es decir, ha participado durante diez años en las decisiones relacionadas con el crecimiento urbano de Chihuahua.
No es la única funcionaria con una larga permanencia. Luis Humberto Rico Bovio lleva desde 2016 al frente de Trámites y Licencias, área encargada de recibir expedientes y gestionar las licencias de construcción. Por su parte, Sigifredo Juárez Herrera ocupa la Subdirección de Administración Urbana desde octubre de 2021.
La continuidad de estos funcionarios obliga a preguntar qué cambios se han realizado en los procedimientos de revisión y supervisión, cuántas irregularidades se han detectado oportunamente y qué mecanismos existen para evitar que los problemas estructurales terminen convirtiéndose en emergencias para las familias.
Porque ya son demasiados episodios en un periodo relativamente corto. Chihuahua no puede acostumbrarse a que cada nuevo fraccionamiento traiga consigo la posibilidad de que una barda termine en el suelo, que un muro de contención ceda o que los vecinos tengan que organizarse para reparar lo que debió construirse correctamente desde el principio.
Una década en el área de decisiones urbanas no es poca cosa. Si Adriana Díaz Negrete ha tenido participación en esta materia durante tantos años, también es legítimo exigirle explicaciones sobre los resultados de la política de desarrollo urbano y las medidas correctivas que se han implementado.
El alcalde René Chavira tiene ante sí un asunto que merece una revisión de fondo: ¿se realizará una auditoría técnica de los fraccionamientos autorizados durante estos años o se seguirá atendiendo cada derrumbe como si fuera un incidente independiente?
Porque una cosa es que una constructora cometa una irregularidad y otra muy distinta que el Municipio no consiga prevenirla, detectarla o corregirla antes de que las consecuencias alcancen a los habitantes.