El alcalde de Casas Grandes, Roberto Lucero Galaz, llegó a la capital con la urgencia de conseguir el dictamen oficial de la contingencia que en septiembre y octubre pasados dejó al municipio devastado, para así destrabar recursos extraordinarios y, sobre todo, entregar un pedazo de tierra firme a las familias que todavía viven al filo del cauce del río.

Porque lo que se vivió entonces fue un auténtico desborde en todos los sentidos, según relató el propio edil, quien reconoció sin rodeos que Protección Civil municipal fue completamente rebasada y que sin la intervención del Estado, los cadetes de Seguridad Pública y hasta la iniciativa privada, la historia habría sido mucho más negra.

Las lluvias torrenciales de aquellos meses azotaron con furia y el saldo fue demoledor: más de 190 viviendas resultaron afectadas y decenas de familias se quedaron prácticamente con lo puesto.

Por ello, Lucero insistió en que el apoyo ciudadano y la coordinación con el gobierno estatal fueron el único dique que evitó una tragedia mayor, pero ahora lo que urge es mover a las personas que siguen asentadas al margen del río y darles un lugar seguro, por lo que su encuentro con el secretario general de Gobierno se convirtió en la llave para abrir la chequera y cerrar de una vez la herida que dejó aquella contingencia.