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En municipios de la sierra y la zona fronteriza del estado, la violencia sigue afectando la educación: en Guachochi y Ojinaga, múltiples escuelas suspendieron clases presenciales tras recientes enfrentamientos armados.
En Guachochi, tras un nuevo tiroteo ocurrido en la madrugada, las autoridades y los propios planteles decidieron suspender actividades escolares, todas excepto una escuela de la cabecera municipal, como medida de precaución para proteger a estudiantes y personal docente.
Este es ya el tercer acontecimiento violento en apenas una semana y media en la zona, lo que muestra el nivel de inseguridad y la frecuencia de episodios de violencia en comunidades rurales del estado.
Las autoridades de educación adoptaron nuevamente clases a distancia para evitar exponer a los alumnos. Sin embargo, este tipo de suspensiones permanentes tiene un impacto negativo en la comunidad: muchos estudiantes no tienen fácil acceso a internet o medios para continuar su formación desde casa.
La suspensión durante varios días consecutivos genera preocupación entre padres de familia y autoridades locales. Además del atraso escolar, hay temor de que la violencia se intensifique o se reproduzca en otras localidades de la sierra.
Este contexto evidencia las dificultades que enfrentan las comunidades rurales: no solo la violencia directa, sino la interrupción de servicios fundamentales como la educación. Muchas zonas dependen exclusivamente de la escuela como espacio de formación y socialización.
Por su parte, las autoridades han insistido en reforzar la presencia policial en zonas vulnerables y mejorar la coordinación entre municipios, aunque los habitantes reclaman más acciones concretas que solo promesas.
La situación refleja también desigualdades regionales: mientras en zonas urbanas se habla de una aparente mejora, en la sierra los efectos de la violencia siguen siendo profundos y constantes.
