La reciente liberación de Ramiro Cervantes ha generado un intenso debate. Aunque es positivo que haya recobrado su libertad, resulta llamativo cómo la presión ejercida por los Lebarones ha desempeñado un papel crucial en este evento. Resulta desconcertante que un grupo minoritario, aunque influyente y escuchado en Estados Unidos, haya logrado captar una atención tan desproporcionada.
Esta disparidad pone de manifiesto la ineficacia de las autoridades estatales para abordar y resolver los problemas subyacentes, ya sea por falta de voluntad, respeto por parte de los delincuentes o complicidades no declaradas.
Sin lugar a dudas, este episodio invita a un profundo análisis. Resulta paradójico que los Lebarones, sin recurrir a la violencia y basándose únicamente en manifestaciones y redes sociales, hayan logrado obtener la liberación de los secuestrados, mientras que las instituciones gubernamentales, a pesar de contar con un vasto arsenal y recursos, parecen no alcanzar resultados satisfactorios en la lucha contra la delincuencia. Esta situación plantea la interrogante de si sería beneficioso integrar a grupos como los Lebarones en roles más activos dentro de las autoridades, como una estrategia para mejorar la eficacia en la resolución de conflictos y la protección de la ciudadanía.
El ex aspirante a la gubernatura del Estado por el partido Regeneración Nacional (MORENA), Víctor Quintana Silveyra, y actual portavoz del equipo de Claudia Sheinbaum, ante el sector agrario, criticó la compra del inmueble valorado en más de 30 mdp por parte del presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.
El sociólogo, aseguró que las acciones de Pérez Cuellár, contradicen los principios de austeridad fomentados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, su proyecto de nación y los ideales fundacionales de la cuarta transformación, como si el propio titular del Ejecutivo federal, fuera coherente; las acciones de AMLO, empeñado en financiar obras faraónicas, sobre valoradas y con sobre costos escandalosos, están lejos de ceñirse a la austeridad constantemente citada por el peje, que no, no, no predica con el ejemplo.
La Casa Blanca del alcalde, no es sino una muestra más de las contradicciones no del partido, sino de sus integrantes, pero hay que comprender a Pérez Cuéllar, cambiar la mentalidad no es algo que ocurra de una administración a otra, por lo que sus acciones responden a las de un ex «fifi» – o como dirían los mal pensados; de un Chapulín-.
El ex delegado de los Programas para el Bienestar y ex candidato a la gobernatura y actual aspirante por un curul en el Senado de la República, Juan Carlos Lorea, uso sus redes sociales para denunciar irregularidades en las políticas de asignaciones de representantes del partido Regeneración Nacional (MORENA), en referencia a las asignaciones de género, acusando a la dirigencia estatal de su partido de truncar legítimas aspiraciones a perfiles «legítimos».
El ex funcionario federal, acusó a la cúpula de su partido de ocultar los lineamientos en los que se basan para las asignaciones y no responder a los ideales de la Cuarta Transformación, Loera de Rosa, olvida que durante su segunda etapa al frente de Bienestar en la entidad, el mismo no solo manejo sus funciones sin dar respuesta a los cuestionamientos que la ciudadanía y los medios le cuestionaban.
Nuevamente, un afiliado a la 4T, vuelve a morderse la lengua, pues no, tampoco predica con el ejemplo, pero no olvidemos que tampoco su selección como candidato a senador, es la más transparente que exista, así que en ese partido, todos andan por las mismas, y lo peor, que los que iniciaron con el nacimiento de ese partido continúan siendo los de abajo y no se toman en cuenta, más que para llevarlos a manifestarse, como por ejemplo en Jiménez que se andan manifestando para que los volteen a ver.
¡Y que va de nuez¡, la política -estrategia- migratoria de la Federación, vuelve a poner a la economía del estado al borde del abismo, pues el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que nuevamente la unión americana vuelve a plantear la medida de cierre temporal de puentes fronterizos, con la finalidad de mitigar la gran afluencia de migrantes intentando ingresar a ese país.
Después de reiteradas peticiones, exhortos públicos y demás, de funcionarios y empresarios reformas en la materia, y que ya ocasionó pérdidas multimillonarias -en dólares- después del cierre registrado varias semanas en 2023, AMLITO, sigue sin escuchar a las entidades que se ven afectadas por este desmedido flujo migratorio, hace caso omiso, y no se responsabiliza de sus atribuciones, porque hay que recordar que la migración es materia exclusiva de la federación y con su mala gestión, recae en el Gobierno de México.
Ahora hay que esperar y rogar que las autoridades estadounidenses no ejerzan la medida, suplicando -por la afectaciones en exportaciones e industria manufactureras, gran empleador en el estado-, a los gringos que no lo hagan, porque después de reiteradas peticiones a Palacio Nacional, tenemos que estar más a pendiente de lo que determine Washington, que lo que se decida desde la Ciudad de México.
Las revelaciones recientes sobre presuntos pagos millonarios del Cártel de Sinaloa para financiar la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006 han sacudido el panorama político mexicano. Investigaciones de la DEA y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, respaldadas por testimonios y pruebas sólidas, sugieren una conexión directa entre altos miembros del cartel y miembros clave del equipo de López Obrador, desatando una ola de interrogantes sobre la integridad del proceso democrático en el país.
La trama se extiende desde encuentros en hoteles de lujo hasta transacciones en exclusivos barrios de la capital mexicana, revelando una red de corrupción y complicidad que alcanza tanto al entorno del actual presidente como al del exmandatario Felipe Calderón. Las acusaciones han provocado una enérgica negativa por parte de López Obrador, quien ha rechazado las afirmaciones como calumnias y ha desacreditado a los medios de comunicación que las divulgan, aunque la periodista Anabel Hernández, responsable de esta investigación, promete seguir desentrañando la trama en los próximos días.
Este escándalo, que pone en entredicho la transparencia y legitimidad de los procesos electorales en México, añade una capa más de complejidad a un ambiente político ya de por sí tenso, especialmente en vísperas de las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio, donde la candidata oficialista Claudia Sheinbaum lidera según las encuestas. La incertidumbre sobre el desenlace de estas acusaciones y su impacto en el futuro político del país permanece latente, mientras la ciudadanía espera respuestas claras y acciones contundentes por parte de las autoridades.
La retórica de la calidad moral que ha caracterizado a Andrés Manuel López Obrador parece desmoronarse ante las recientes revelaciones sobre presunto financiamiento del Cartel de Sinaloa a su campaña. Mientras en Estados Unidos se profundizan investigaciones, el líder morenista opta por negar y culpar a los estadounidenses, mostrando una actitud evasiva y reacia a aceptar responsabilidades. Este giro evidencia una vez más su tendencia a eludir críticas y desviar la atención de los señalamientos, dejando en entredicho su liderazgo moral y su legado político.
La posibilidad de enfrentar consecuencias legales plantea interrogantes sobre el futuro de López Obrador, cuya gestión se ve empañada por acusaciones y cuestionamientos. Su legado como presidente, ensombrecido por una presunta connivencia con el narcotráfico y una gestión criticada por su falta de eficacia, deja un amargo sabor entre los mexicanos. Más allá de filiaciones partidistas, esta situación señala una de las experiencias más desalentadoras para el país, evidenciando la complejidad y profundidad de los desafíos que enfrenta la nación bajo su liderazgo.