Entre la huelga y las inconformidades que se llevaron buena parte de la semana pasada, hay un detalle que quizá debería prender más de un foco amarillo en la Universidad Autónoma de Chihuahua: los trabajadores se jubilan o se pensionan, dejan sus plazas y, ante el deterioro de las finanzas universitarias, esos espacios ya no se cubren. El resultado es bastante sencillo: menos personal para hacer el mismo trabajo, más carga para quienes se quedan y una presión laboral que, lejos de disminuir, parece crecer cada vez más. Y ahí está el pequeño gran problema: ahorrar en plazas puede servir para cuadrar números, pero alguien termina pagando la cuenta.

El caso de Quinta Gameros pone el asunto todavía más interesante. Hace menos de un año quedó vacante el puesto de restaurador y curador, y hasta ahora no habría sido subsanado de la manera correspondiente. ¿Y qué puede pasar? Pues que la colección de muebles Requena pudiera terminar fuera de Quinta Gameros, museo bajo responsabilidad de la UACH. No sería un asunto menor, porque ya el año pasado el titular de la colección había advertido que podría llevarla a otros museos. Así que mientras se discuten huelgas, exigencias y plazas que no se reponen, quizá habría que hacerse dos preguntas incómodas: ¿qué tan deterioradas están realmente las finanzas de la Universidad Autónoma de Chihuahua y cuánto puede terminar costando ese ahorro? Porque si hasta las colecciones empiezan a buscar dónde mudarse, ya no solamente estaríamos hablando de falta de personal, sino de lo que se puede perder por no atender las vacantes.

La decisión de cambiar la prisión preventiva por resguardo domiciliario al conductor del accidente fatal frente al Hospital Ángeles ya generó la respuesta institucional esperada: la Fiscalía de Distrito Zona Centro anunció que impugnará la resolución, pues no acepta que el imputado enfrente el proceso desde su domicilio y buscará que se restablezca la medida más restrictiva.

El diputado panista Alfredo Chávez sumó su voz al debate. Sin pronunciarse de inmediato sobre el fondo del expediente —dijo que primero hay que conocer a detalle la carpeta y los argumentos del juez—, sí planteó una pregunta más amplia: ¿quién evalúa a los evaluadores? Llamó a activar los mecanismos existentes, en particular el Tribunal de Disciplina Judicial, y a que la ciudadanía pueda medir el desempeño de los jueces y magistrados que llegaron al cargo por la vía electiva. En su lógica, la reforma judicial todavía está en etapa de prueba y error, y si algo no funciona, el Congreso debe estar listo para corregirlo.

Sobre el juez que dictó el resguardo domiciliario pesa, además, una crítica que circula con fuerza: había sido regidor del PAN. Ese antecedente alimenta la sospecha de afinidades o de una justicia que, en momentos clave, parece inclinarse hacia un lado.

Lo que está en juego no es solo una medida cautelar. Es la confianza en un sistema que prometió cercanía y control ciudadano, pero que todavía se mide en cada resolución polémica. Mientras la Fiscalía prepara la apelación y el diputado exige evaluación, la pregunta sigue abierta: ¿quién vigila realmente a los que ahora juzgan?

La cifra ya empieza a generar ruido en los pasillos del Gobierno Municipal encabezado por Chava Calderón: 51 movimientos en puestos de primer y segundo nivel entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026. El dato fue puesto sobre la mesa por la síndica Dalila Villalobos, quien cuestionó la frecuencia con la que han cambiado los funcionarios dentro de la estructura municipal.

Más allá de los nombres y los cargos, el asunto que plantea la Sindicatura es político: ¿qué tan estable puede ser una administración cuando sus principales áreas registran una rotación tan elevada? Para Villalobos, el constante relevo de funcionarios no es un asunto menor, pues puede proyectar una imagen de falta de rumbo, ajustes permanentes y poca continuidad en el trabajo gubernamental.

Y ahí quedó la frase que seguramente dará vueltas en los próximos días: “¿Administración o puerta giratoria?”. A dos años de iniciado el gobierno, los 51 cambios representan un número que inevitablemente abre el debate sobre la conducción interna del Municipio y sobre si tantos relevos obedecen a una estrategia de reorganización o a problemas que todavía no terminan de resolverse.

_____________________________________________________________________________________________________

Una carta anónima atribuida a personal de la Subdirección de Justicia Cívica de la Policía Municipal de Chihuahua pone sobre la mesa algo que no debería resolverse con silencio, descalificaciones o, peor aún, apartando lugares para los amigos y los cercanos. El señalamiento más delicado no es político: es institucional. Se habla de una mujer que murió dentro de las instalaciones y bajo custodia, un hecho que por sí mismo obliga a revisar protocolos, responsabilidades, supervisión y actuación de quienes tenían bajo su responsabilidad la integridad de la detenida. Si una persona está privada de su libertad, el Estado asume una responsabilidad todavía mayor sobre su seguridad. Por eso, ante un acontecimiento así, lo mínimo que se puede exigir es una investigación seria y transparente.

La carta también describe un ambiente laboral marcado, según quien la suscribe, por favoritismos, falta de oportunidades, miedo a denunciar deficiencias y nombramientos que privilegiarían la cercanía política sobre la experiencia. Son acusaciones que deben comprobarse, no convertirse automáticamente en sentencia contra nadie. Pero tampoco pueden desecharse simplemente porque resulten incómodas. Si existen trabajadores con años de experiencia que consideran que sus conocimientos son ignorados, la respuesta institucional no puede ser etiquetarlos como “conflictivos” y congelarlos; debe ser escucharlos, revisar procesos y demostrar con resultados que las cosas funcionan.

Y aquí aparece una pregunta incómoda para la Dirección de Seguridad Pública Municipal: ¿qué se está haciendo realmente para corregir las deficiencias de Justicia Cívica? Porque las certificaciones, los reconocimientos y los discursos de excelencia institucional sirven de poco si detrás de las puertas existen problemas de supervisión, salud mental del personal, atención a personas con adicciones o enfermedades mentales y condiciones de custodia que requieren permanente vigilancia. No basta con cumplir el requisito para conservar una certificación; hay que demostrar que los protocolos funcionan cuando realmente se necesitan.

La administración municipal tiene todavía una oportunidad para demostrar que la institucionalidad está por encima de los grupos y de los nombres. No se trata de apartar lugares, proteger carreras políticas ni esperar a que otra administración “limpie” lo que la actual no quiso revisar. Se trata de tomar acciones. Investigar lo que deba investigarse, corregir lo que esté mal, evaluar a quienes ocupan puestos de responsabilidad y abrir oportunidades para el personal que tenga preparación y experiencia, independientemente de sus simpatías políticas. Justicia Cívica no es una oficina para repartir cuotas: es un área donde hay personas detenidas cuya integridad depende de quienes están a cargo. Y cuando la vida de una persona está de por medio, la complacencia deja de ser política y comienza a convertirse en irresponsabilidad.