La reciente designación de nuevos secretarios por parte de la gobernadora ha generado sorpresa y ciertas críticas. Aunque se reconoce el potencial de los designados para desempeñar un buen trabajo, preocupa la falta de respaldo político que puedan tener, especialmente en un contexto electoral donde se echa de menos la inclusión de figuras con un capital político sólido. En este sentido, destaca el respaldo del equipo de Georgina Bujanda al nuevo secretario de desarrollo humano, dejando en cuestión si se ha priorizado la estrategia electoral sobre la capacidad estratégica de otros candidatos. Sin embargo, con las decisiones ya tomadas, solo queda desear éxito a los nuevos secretarios en sus responsabilidades.
En el ámbito de obras públicas, se percibe continuidad en el camino trazado, con la designación de alguien que ya estaba familiarizado con los entresijos de la secretaría. Asimismo, en el área de Inteligencia, se ha optado por mantener a alguien cuya operatividad y pensamiento se asemejan notablemente al predecesor. Si bien las decisiones han sido tomadas con firmeza, queda por ver cómo responderán los designados a los desafíos inherentes a sus cargos, considerando la responsabilidad histórica que la gobernadora Maru ha tenido con el Estado.
El fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, reveló que las denuncias presentadas contra el alcalde Cruz Pérez Cuéllar han sido ratificadas por sus denunciantes y actualmente se encuentran en la fase de investigación e integración de las carpetas correspondientes. Hasta el momento, al menos seis denuncias han sido ratificadas, abarcando temas como la posesión de una residencia valuada en 30 millones de pesos en El Campestre, la casa de cambio de El Chamizal, contratos a un funcionario municipal y el manejo del presupuesto participativo. Las acusaciones fueron interpuestas por ciudadanos, regidores y diputados de distintos partidos políticos, incluyendo el PAN, PRI y Morena, así como por organizaciones civiles.
Valenzuela Holguín destacó que la fase preliminar de la investigación da paso a la judicialización, y la Fiscalía Anticorrupción está llevando a cabo diligencias en el gobierno municipal de Juárez para recopilar información relevante. Además, señaló que la Fiscalía ha respondido a denuncias presentadas por ciudadanos, miembros del Cabildo y legisladores, subrayando la autonomía del órgano ante agendas políticas partidistas. El fiscal reiteró que la Fiscalía Anticorrupción no seguirá un calendario político y subrayó la importancia de cumplir con todos los requisitos legales antes de llevar un caso a juicio.
Finalmente, la situación no es fácil, debido a que de manera jerárquica, CPC tiene power y será imposible alguna detención, si es que las demandas proceden, ya que serán solo de trámite y no se logrará en dado caso, consolidar alguna aprensión.
En el Centro de Desarrollo Integral Sur del DIF Municipal, la reciente liberación del conserje Rafael A.Q, acusado de abuso sexual con penalidad agravada, ha generado una profunda insatisfacción entre los padres de familia. A pesar de la rápida respuesta de la autoridad municipal y la intervención de instancias de seguridad, los progenitores expresaron su malestar a finales de enero al descubrir que, a pesar de una denuncia formal, no se había tomado acción contra el presunto responsable. La detención de A.Q el pasado primero de febrero, en la avenida Nueva España y bulevar José Fuentes Mares, no logró satisfacer las expectativas de los afectados, ya que, horas después, la jueza María del Rosario Verjes decidió no vincularlo a proceso en la causa penal 361/2024. La magistrada argumentó deficiencias graves por parte del ministerio público, coordinado por Gabriel Emmanuel Alderete y Victoria Carolina Bafidis Heredia, destacando la falta de elementos de investigación y una integración de la carpeta que parecía diseñada para favorecer al detenido. La omisión del protocolo en la declaración de las menores víctimas agravó la situación, dejando a los padres desilusionados y cuestionando la eficacia del sistema de justicia en casos tan sensibles como el abuso sexual infantil.
El informe presentado por Myriam Hernández, presidenta del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, estuvo marcado por polémicas que opacaron su desempeño. Si bien el trabajo del Poder Judicial es innegable, la percepción pública se ve afectada por las controversias, especialmente en relación con las decisiones de los jueces del tribunal. La liberación del conserje acusado de abuso sexual de menores, junto con otros casos como la confrontación entre la jueza y el exgobernador César D., y la controversia en torno a la reinstauración de la jueza Alejandra Martínez, han dejado en entredicho la eficacia y la imparcialidad del sistema judicial, resaltando las debilidades del Poder Judicial, principalmente en lo que respecta a la actuación de los jueces.
Sin embargo, hubo aspectos positivos que destacar, como la realización de 10 sesiones con 67 resoluciones y acuerdos, así como la designación de nuevos magistrados para distintas salas. Estas acciones muestran un esfuerzo por mantener el orden y la funcionalidad del Poder Judicial, a pesar de las controversias y desafíos que enfrenta.