La negligencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha dejado una marca indeleble en la familia de Samuel Navarro, un niño cuya vida prometedora se truncó hace seis años en un incendio provocado por un transformador defectuoso. A pesar de los esfuerzos incansables de la familia por buscar justicia, el camino hacia la responsabilidad de la CFE ha sido esquivo y frustrante. Incluso después de una larga batalla legal, que implicó una inversión significativa de tiempo, recursos y esfuerzos, tres ministros finalmente declararon que la demanda administrativa no era procedente, sin proporcionar una alternativa clara para buscar justicia por la negligencia que llevó a la muerte de Samuel.
La trágica pérdida de este joven ha dejado un vacío en su familia y en la comunidad, mientras la CFE sigue sin rendir cuentas por su presunta responsabilidad en el incidente. A pesar de las pruebas periciales que apuntan a la culpabilidad de la paraestatal, ninguna autoridad ha obligado a la CFE a enfrentar las consecuencias de su presunta negligencia. La impunidad de esta entidad gubernamental en un caso tan claro de negligencia ha dejado a la familia de Samuel con más preguntas que respuestas, y ha generado una sensación de impotencia entre quienes luchan por la rendición de cuentas y la justicia en un sistema donde la burocracia parece proteger a los responsables en lugar de servir a las víctimas.
En medio de la investigación sobre el hallazgo de una persona fallecida en un tambo, surge una preocupación palpable en torno a la competencia y preparación de las fuerzas policiales de Chihuahua. ¿Cómo es posible que, a pesar de las numerosas certificaciones ostentadas por la policía, dos oficiales permitieran la fuga de un individuo que se encontraba bajo custodia y esposado? Este incidente, marcado por informes que sugieren que el detenido estaba en un estado de alteración debido a sustancias, plantea serias interrogantes sobre la capacidad de los agentes, quienes, según se informa, escapó el individuo incluso en condiciones desfavorables para sus sentidos. La trágica pérdida de la vida de esta persona pone en tela de juicio la idoneidad y preparación de los policías que, a pesar de las certificaciones internacionales que ostentan, parecen haber fallado en una situación ante una persona intoxicada.
Esto lleva a reflexionar sobre la efectividad de los protocolos de entrenamiento y la supervisión de las autoridades encargadas de mantener el orden y la seguridad pública. ¿Están verdaderamente los policías de Chihuahua equipados y capacitados para afrontar situaciones delicadas como esta? La trágica conclusión de esto plantea dudas sobre la efectividad y adecuación de los estándares de preparación y respuesta de las fuerzas policiales locales, haciendo eco de la necesidad urgente de revisar y mejorar los criterios de selección, formación y monitoreo de los agentes, en aras de garantizar la integridad y eficacia del cuerpo policial en la capital.
La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Myriam Hernández, se prepara para rendir su segundo informe de gestión en una destacada sesión solemne en el hotel Sheraton mañana por la tarde. La presencia confirmada de la gobernadora Maru Campos en este acto no pasa desapercibida, marcando un respaldo significativo a Hernández, quien se erige como la primera mujer al frente de otro de los poderes públicos legítimos del estado. Este gesto cobra especial relevancia, considerando los desafíos enfrentados por la magistrada al lidiar con mafias internas persistentes y las secuelas dejadas por anteriores administraciones, factores que han permeado las estructuras judiciales y han provocado agitación política interna.
Hernández Acosta ha tenido que enfrentar la tarea de desentrañar los efectos nocivos de las intenciones de desestabilizar el Poder Judicial. Su segundo informe ofrecerá un panorama de los retos superados, destacando la implementación de reformas esenciales, como la laboral, que trasladó los litigios trabajador-patrón a los tribunales. Asimismo, se espera que la magistrada anticipe el inicio del nuevo sistema de justicia en materia civil y familiar, marcando un hito en la mejora de los procesos judiciales, al margen de las politiquerías que suelen permear entre los juzgados y las oficinas de la burocracia judicial.
De chile, rajas verdes, de dulce, oaxaqueños, etc.. o de magistrados y jueces, de pensiones, de INFONAVIT, de vapeadores, salarios mínimos, trenes de pasajeros y hasta militarización de la Seguridad Pública, algunas interesantes, otras absurdas y algunas fuera de lugar, el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó su de más de 20 batería de reformas e iniciativas, para cerrar su tan cuestionado sexenio.
Desde lo innecesario de subir al Pleno el asunto de los vapeadores -que efectivamente debe de estar regulado, como lo están la bebidas alcohólicas y el tabaco, no prohibirlo,ya que eso atenta directamente en contra de la libertad-, pero ¿es necesario, discutirlo -irrelevante- en el Congreso de la Unión?, para que obtenga el grado de reforma constitucional, ¿no sería más eficiente, menos tontamente polarizarte, modificar La Ley General de Salud?. Hasta la muy preocupante reforma Judicial, y es que esa si atenta directamente en contra de la división y autonomía de poderes, al democratizar un asunto para el cual el electorado no esta ni capacitado, ni informado y en la total ignorancia de la repartición de justicia.
Lo anterior pondría a merced del partido político que obtenga la mayoría -ahora en el Poder Judicial, que los magistrados respondan a los intereses del mismo, ya que no nos hagamos pejendejos, cada partido promovería en campañas a perfiles subordinados a los intereses de la clases política que los impulse, rompiendo con el principio de no Juez y Parte, ya que las Partes -los partidos- someterían a los magistrados. Aunque hay una parte de la Reforma Judicial, en la cual la mayoría de la ciudadanía esta de acuerdo con el presidente, y la que, es nesesario rebajar los astronomicos sueldos en el Poder Judicial.
¿Preocupante a quien promoverían los partidos políticos?, ya que con tal de someter al Judicial, no se garantiza las capacidades de los candiatiables, ni su trayectoria, y es que algo así, ya sucedió, pero en el Ejecutivo local en la Ciudad de México, en la delegación Iztapalapa, con el muy poco celebre, Rafael Acosta Ángeles «Juanito» -y a quien López Obrador apoyo-, que sin la menor idea de como gobernar, sin experiencia y sin los conocimientos necesarios se hizo con el cargo, por medio de voto, y esto abre las puerta a que cualquier payaso de haga con el cargo de magistrado, siempre y cuando este se alineé al partido que promueva.
¡Se desgarran las medias! Tras la presentación por parte de la gobernadora, María Eugenia Campos, en su Informe de Resultados 2024, del programa MediChihuahua, orientado a ofrecer cobertura médica universal a toda la población que no cuente con seguridad social, al más estilo del desaparecido Seguro Popular, los funcionarios de Gobierno del Estado e integrantes de la fracción parlamentaria de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), así como de dirigentes y militantes de la misma fuerza política se engancharon en una guerra de declaraciones.
El Coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, criticó el anunció del programa en el Informe de Actividades, y es que el legislador indicó que aún no esta operativo, por lo tanto no debió ser presentado en un evento orientado a comunicar las acciones ya implementadas, por lo que consideró la declaraciones de la mandataria como actos anticipados de campaña, con la finalidad de tratar de exhibir al presidente Andrés Manuel López Obrador, y a su movimiento -Cuarta Transformación- en un tema sensibles para el electorado como lo es la la Salud, con la finalidad de impulsar el perfil y posicionamiento de Xóchitl Gálvan rumbo a la jornada electoral de 2024.
Ante lo que el escudero de Camps Gálvan, el secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña, ni tardo ni perezoso, salió a contradecir las declaraciones del diputado morenista, y aseguró que el desabasto de medicinas y el lamentable estado de la infraestructura médica federal en la entidad, son consecuencia del abandono y olvido en el Gobierno de México deliberadamente ejerce sobre Chihuahua.
A la discusión de sumó la diputada y ex petista, Jael Argüelles Díaz, y acusó a la gobernadora de privatizar el servicio de salud, en el contra-informe de la fracción parlamentaria de Morena realizada el día de ayer en sesión de Congreso, a los nuevamente De la Peña Grajeda, desenvaino la espada, y sentenció que Gobierno del Estado, ha tenido que asumir funciones que jurídicamente corresponden a la Federación ante la deliberada ineptitud de las autoridades centrales del país.