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La lucha libre, ese espectáculo que combina drama, identidad popular y una buena dosis de catarsis colectiva, volvió a instalarse en el corazón de la ciudad. Pero esta vez, más allá de los lances desde la tercera cuerda, lo que quedó en el aire fue una pregunta que nadie en el poder quiso bajar a ras de lona.

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, optó por la ruta más cómoda: la omisión. Ante un evento que no solo reunió a aficionados, sino que también convocó a actores políticos de peso como su homólogo juarense, Cruz Pérez Cuéllar, el edil capitalino prefirió reducir el tema a un simple permiso administrativo. Sí, hubo autorización. Sí, participó Protección Civil. Y sí, “qué padre que haya eventos de esta naturaleza”. Hasta ahí.

Pero gobernar una ciudad no es solo firmar permisos ni celebrar espectáculos. También implica leer el contexto, entender los mensajes y, sobre todo, no hacerse de la vista gorda cuando la política se sube al ring. Porque eso fue precisamente lo que ocurrió en la Plaza de Armas: un evento público, en un espacio emblemático, con la presencia de figuras que no pasan desapercibidas en el tablero estatal.

La respuesta del alcalde no solo fue breve, fue evasiva. Al señalar que el regidor de Morena, Hugo González Muñiz, fue quien tramitó el permiso, pareció deslindarse de cualquier interpretación política. Como si el origen de la solicitud bastara para cerrar la conversación. Como si la política pudiera fragmentarse en trámites y no en significados.

Más aún, el desconocimiento sobre los costos del evento abre otra arista. No se trata de exigir que el alcalde conozca cada peso que se mueve en un espectáculo, pero sí de cuestionar la ligereza con la que se aborda el uso de espacios públicos en eventos de esta magnitud. La transparencia no debería ser opcional, ni secundaria frente al entusiasmo por “el deporte diverso”.

Al final, lo ocurrido deja una sensación conocida: la de una autoridad que prefiere mantenerse en la esquina, observando, mientras en el centro del ring se cruzan no solo llaves y contrallaves, sino también intereses, mensajes y posicionamientos políticos.

Porque en Chihuahua, al parecer, la lucha libre no es lo único que se actúa. También hay silencios que pesan más que cualquier golpe.

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Dicen que en política hay declaraciones que retratan más que cualquier auditoría. Y luego está la joya de la semana: el subsecretario de Movilidad, César Komaba, quien —con una serenidad que ya quisieran los monjes tibetanos— aseguró que en toda la ciudad solo fallaba un semáforo. Uno. Solitario. Único. Casi una pieza de colección.

Uno se pregunta si ese semáforo defectuoso es también invisible, porque mientras tanto, en el mundo real, los ciudadanos sortean auténticas pistas de obstáculos: Díaz Ordaz, Agustín Melgar, Villa Juárez, Mármol, Granjas, Saucito, Atenas, Quintas Carolinas, Industrial, Melchor Guaspe, la CH-P, Silvestre Terrazas… pero claro, seguramente todo eso es producto de la imaginación colectiva. Una especie de histeria vial masiva.

Porque no hay nada más tranquilizador que saber que, aunque medio Chihuahua esté jugando al “sálvese quien pueda” en los cruceros, en el reporte oficial todo está en orden. La ciudad colapsa, pero en papel luce impecable. Una maravilla de eficiencia… estadística.

Y es que no estamos hablando de una falla menor. Los semáforos no son adornos urbanos ni luces navideñas fuera de temporada; son la diferencia entre el orden y el caos. Pero aquí parece que el caos también se puede maquillar, siempre y cuando el reporte diga lo contrario.

La cereza en el pastel es el silencio —o la expectativa del mismo— desde el Partido Acción Nacional municipal. Porque claro, ante semejante nivel de desconexión con la realidad, la pregunta cae por su propio peso: ¿de verdad estaban pensando en premiar este tipo de resultados? ¿Ese era el perfil que sonaba para dirigir el comité?

A ver con qué sale ahora el nunca bien ponderado aspirante. Porque si así se mide la realidad desde Movilidad —donde de más de 400 semáforos solo uno falla—, no queda más que preocuparse por el siguiente diagnóstico. No vaya a ser que mañana nos digan que tampoco hay tráfico… y que los choques son solo percepción ciudadana.

En Chihuahua, al parecer, no fallan los semáforos. Falla algo mucho más delicado: la capacidad de ver lo evidente sin necesidad de que alguien lo “reporte”. Y eso, tristemente, no se arregla con cambiar un foco.

La agenda política a veces se construye más en el terreno de las versiones que en el de las certezas. Esta vez, el nombre de Jorge Romero Herrera apareció en la conversación pública con una visita que, al menos desde Palacio de Gobierno, no estaba del todo clara. La gobernadora María Eugenia Campos Galván dejó ver que, hasta ese momento, no tenía confirmación de que el dirigente panista estuviera por pisar Chihuahua en abril, pese a lo que ya se había comentado desde otros frentes.

Entre lo dicho y lo entendido, la propia mandataria deslizó que la referencia más concreta provenía del alcalde, quien habría adelantado una posible visita en ese mes, aunque también se manejaba la opción de un encuentro en la Ciudad de México. “Pues yo tenía entendido que se iban a ver allá”, dijo, dejando en manos del edil la precisión de la agenda. Al final, en política, los encuentros no siempre se anuncian cuando se planean, sino cuando ya están por suceder… o cuando alguien más los confirma.

El diputado Cuauhtémoc Estrada ha iniciado una campaña de publicidad en bardas de Ciudad Juárez con la aparente finalidad de promocionar su casa de enlace legislativo. En los anuncios aparece de manera destacada su nombre junto con el número telefónico oficial del espacio, lo que en principio podría interpretarse como una acción institucional. Sin embargo, la forma en que se presenta el material —con gran visibilidad y énfasis en la figura del legislador— ha levantado fuertes señalamientos de posibles actos de promoción anticipada de cara a los próximos procesos internos de su partido.

Esta situación reaviva el permanente debate sobre los límites difusos que existen entre la información oficial y la propaganda política. Aunque el teléfono corresponde efectivamente a la casa de enlace, el formato y la escala de la publicidad sugieren un claro interés electoral más que una mera difusión de servicios legislativos. Con las elecciones internas para definir candidaturas cada vez más cercanas, este tipo de acciones genera cuestionamientos sobre el uso de recursos y la equidad en la contienda, recordando la necesidad de reglas claras que eviten que el erario o la posición pública se conviertan en ventajas indebidas.